Estado de México. - Por unanimidad, los diputados federales aprobaron una reforma que busca la puesta en marcha de una estrategia nacional para detectar, atender y prevenir el suicidio, estableciendo una especial atención a grupos poblacionales de mayor riesgo. 

Avalados por los 454 legisladores presentes este martes en el pleno de San Lázaro, los cambios buscan que las políticas públicas y programas sectoriales tengan como prioridad la atención a la salud mental y un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la prevención. 

Al presentar el dictamen en la tribuna, la diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN), recordó que, según datos del INEGI, cada 24 horas, 18 personas se quitan la vida y la mayoría son jóvenes entre 15 y 29 años.

“¿Cuántas muertes más necesitamos para entender que el suicidio es un problema de salud pública, no de voluntad individual? México necesita una política que no solo reaccione, sino que prevenga y salve vidas, porque la salud mental se construye en la escuela, con docentes capacitados para detectar señales de alarma. En el trabajo, con ambientes laborales saludables. En los hogares, con familias que escuchan y acompañan”, expuso la legisladora. 

Explicó que, con esta reforma a los artículos 72 y 73 de la Ley General de Salud, los objetivos de salud mental deberán integrarse en todos los programas y políticas del sector salud, pero también en educación, desarrollo social y trabajo.

En el dictamen se detalla que el fortalecimiento de los servicios de atención a la salud mental implica, además, determinar que los servicios y programas en la materia y en adicciones deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial con perspectiva de género, de derechos de niñas, niños y adolescentes y participativa de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales generales.

En el documento, enviado a los senadores para continuar con el proceso parlamentario, se detalla que la garantía de la salud mental se encuentra vinculada con establecer la planificación, el diseño y el desarrollo de una estrategia nacional e integral para detectar, atender y prevenir el suicidio con un enfoque de derechos, prestando especial atención a los grupos poblacionales en que se haya detectado un mayor riesgo de suicidio.

“Durante décadas la salud mental ha sido una deuda pendiente del Estado mexicano. Uno de cada cuatro mexicanos va a desarrollar un trastorno mental a lo largo de su vida. Y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 75 % de las personas con depresión o ansiedad en países de ingreso medio y bajo, como el nuestro, no reciben tratamiento alguno”, expuso la diputada Ortiz Pérez.

“¿Podemos seguir ignorando que el 30 % de las incapacidades laborales se deben a trastornos mentales o emocionales? ¿Podemos seguir mirando hacia otro lado, cuando sólo hay 4?4 psiquiatras por 100 mil habitantes y, en algunas entidades, ni siquiera hay uno?”, cuestionó la promovente de la reforma.