Estado de México. - El Gobierno de México anunció un avance coordinado con los 32 estados del país para homologar la nueva definición y sanción del delito de abuso sexual, recientemente reformado a nivel federal, como eje central de su estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, después del reciente episodio de acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal —presentada como parte del plan integral contra el abuso sexual— busca establecer criterios comunes en todo el país para prevenir, denunciar y sancionar las agresiones sexuales.

Según la funcionaria, se fortalece la acción contra este delito para que “las mujeres se sientan más seguras, que denuncien y que la justicia avance”.

El plan se produce después de que la propia presidenta sufriera acoso por parte de un hombre durante una caminata a pie por el centro histórico de la capital mexicana a comienzos de mes.

Según la funcionaria, 22 entidades federativas ya han presentado en sus congresos iniciativas locales para homologar la reforma, una ya fue aprobada en comisiones y otras diez presentarán las iniciativas este martes como acto simbólico en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“El compromiso es que los 32 congresos del país adecúen sus legislaciones”, afirmó.

La reforma federal redefine el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, incluidos tocamientos, roces, exhibiciones o representaciones explícitas.

Establece, además, penas de tres a siete años de prisión, multas de 200 a 500 UMA (Unidad de Medida de Actualización), y la obligación de los agresores de tomar talleres reeducativos con perspectiva de género y realizar servicio comunitario.

La ley contempla agravantes cuando el abuso sea cometido por servidores públicos, ministros de culto, cuando exista violencia o cuando haya complicidad.

 Programas de capacitación

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, detalló que la homologación será acompañada de un programa nacional de capacitación para fiscalías y tribunales estatales, destinado a mejorar la procuración de justicia, “el mayor reto” en la atención a las víctimas.

El Gobierno federal también trabaja con las secretarías de movilidad de los estados para fortalecer protocolos de actuación ante casos de abuso sexual en el transporte público, uno de los entornos donde más se registran agresiones.

Hernández señaló que estas acciones se desarrollan en un contexto en el que el 70.1 por ciento de las mexicanas de 15 años y más ha sufrido algún tipo de violencia, y casi la mitad ha enfrentado violencia sexual.

“No es una exageración, es un problema estructural que requiere transformar leyes, instituciones y cultura”, afirmó.

En paralelo al proceso legislativo, el Gobierno lanzó campañas permanentes contra el abuso sexual y contra la violencia digital, así como mensajes dirigidos a los hombres para promover un cambio cultural.

“La lucha por las mujeres no es contra los hombres, es contra el machismo”, subrayó Hernández.

Las autoridades insistieron en que la homologación legal será uno de los pilares para impulsar una respuesta más eficaz y uniforme en todo el territorio y garantizar acceso a la justicia para todas las mujeres.

Además, todas y todos los gobernadores del país firmaron un total de 10 compromisos para apoyar y defender a las mujeres.