San José del Cabo, Baja California Sur. Recientemente fue aprobado el Paquete Fiscal de México para 2026 por los poderes legislativos.  Este paquete se caracteriza por el imponer el impuesto sobre la renta para algunos productos o servicios que anteriormente no contaban con este requisito o en su caso se aumentaron.

Por mencionar algunas modificaciones: personas morales que realicen ventas en línea y a través de plataformas digitales, así como por el aumento al impuesto sobre bebidas azucaradas, tabaco, videojuegos, apuestas e incluso por el incremento en el costo de acceso a museos y zonas arqueológicas.

De acuerdo con las estimaciones de analistas, el gobierno federal podría tener una recaudación adicional superior a los 300 mil millones de pesos por concepto de impuestos en 2026 gracias a dicha reforma.

Representantes de la sociedad civil organizada, sector privado y productivo, así como representantes de partidos políticos de oposición han manifestado su preocupación respecto a la posible aplicación de dichos ingresos.

Una de las críticas más fuertes, es que una parte significativa del presupuesto se destinará al pago de la deuda contraída en años anteriores, resaltando que se está gastando más en servicio de deuda que en inversión productiva o servicios esenciales como la salud, educación o infraestructura.

“Estamos observando que, en lugar de destinar estos recursos a una inversión directa para abordar la crisis en el sector agrícola, particularmente en el tema del maíz, así como para la infraestructura vial a nivel nacional que se encuentra deteriorada, se pretende utilizar una parte de estos recursos para financiar otras situaciones, en lugar de enfocarse en las áreas que requieren atención prioritaria”, declaró Héctor Segovia, presidente de COPARMEX Los Cabos.

Segovia lamentó que el incremento de impuestos podría tener un impacto negativo en la economía en su conjunto, pues como empresarios podrían ver un incremento en costos de producción, pero la afectación más grande será para el consumidor. 

La Confederación a nivel nacional solicitó al gobierno apoyo con incentivos fiscales que mitiguen el impacto negativo de este paquete, el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, adicional a las proyecciones que se tienen en caso de que otras reformas sean aprobadas, como la reducción de la jornada laboral o el aumento de aguinaldos a 30 días.

“Estamos impulsando activamente esta iniciativa. Hemos sostenido reuniones con diversas fracciones de partidos políticos con el objetivo de generar una sinergia. Si bien es cierto que se contemplan reformas en el ámbito laboral, como el incremento del aguinaldo y la ampliación de los días de paternidad, también consideramos fundamental que se otorguen atribuciones en el ámbito fiscal para evitar que este paquete represente una carga excesiva para las empresas”, concluyó.