Estado de México. - El gobierno rechazó la declaración de Perú de persona non grata contra la presidenta Claudia Sheinbaum al considerar que está “motivada por planteamientos falsos”.

La cancillería defendió que la decisión de conceder el asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, enjuiciada junto al expresidente izquierdista Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, se realizó en cumplimiento del marco jurídico internacional aplicable para ambos países.

“México reitera que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú”, señaló en una nota.

El gobierno recordó que la Asamblea General de la ONU ha declarado que el asilo político “es un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado”.

Negó haber intervenido “en modo alguno en los asuntos internos del Perú”, en concordancia con los “principios normativos de política exterior” en México “y a su sólida tradición diplomática”.

El pronunciamiento ocurre en respuesta a la declaración de persona non grata a Sheinbaum, aprobada hoy por el Congreso de Perú, por la “inaceptable injerencia” de la presidenta de México “en asuntos internos del Perú”, después de haber otorgado asilo político a Chávez.

La declaración, aprobada con 63 votos a favor, menciona también la “ofensa” de Sheinbaum al sistema democrático peruano tras las críticas hechas a los mandatarios peruanos que sucedieron a Castillo, en prisión preventiva desde el día del intento de golpe de Estado en Barbadillo, la cárcel para expresidentes peruanos.

El 8 de octubre, la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano ya había aprobado un primer dictamen para declarar a Sheinbaum como persona non grata al haber recibido al abogado argentino Guido Croxatto, que lleva la defensa internacional de Castillo, y manifestar su apoyo en repetidas ocasiones a Castillo para pedir que sea liberado.

El gobierno de México comunicó el lunes que Betssy Chávez se encontraba en su embajada en Lima y que le había concedido el asilo político frente al juicio por el frustrado golpe de Estado, con solicitudes de penas por parte de la Fiscalía de 34 años de prisión para el expresidente y 25 años para la exprimera ministra.

Esto llevó a que el gobierno peruano anunciara el lunes que rompía las relaciones diplomáticas con México, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad del gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo tras su detención y destitución.