La Paz, Baja California Sur.- Benita Sabino Morales, directora y fundadora del albergue -Mamá Benita-, galardonada con la Medalla María Dionisia Villarino por el Congreso de Baja California Sur (BCS) por su labor altruista, afirmó que el Gobierno del Estado no otorga ningún tipo de apoyo económico, alimentario o médico, pese a que envía a mujeres y personas vulnerables a su refugio.

Relató a Diario El Independiente que con frecuencia llegan mujeres que viven violencia, muchas de ellas sin querer presentar denuncia. Explicó que autoridades estatales las canalizan directamente con ella sin que exista claridad sobre por qué no son enviadas a refugios gubernamentales. También llevan a personas en situación de calle o de otras entidades, todas atendidas sin recibir un peso de apoyo oficial.

Admitió que mantener el refugio implica un gasto permanente: tan solo este mes recibieron un recibo de luz por 9 mil pesos. La alimentación diaria también es un desafío, pues muchas veces amanece sin tener qué dar de comer, dependiendo del Banco de Alimentos y del voluntariado para poder sostener a todas las personas que viven ahí.

Benita explicó que actualmente albergan a 30 personas, entre mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.

A pesar de las dificultades, aseguró que nunca rechaza a nadie. “A cualquier hora las recibo, dos días, tres meses, lo que necesiten; Dios siempre abre puertas”, expresó.

La directora denunció además que el Ayuntamiento de La Paz no les otorga permisos para vender —actividad que es su principal fuente de ingresos para sostener el albergue—. Explicó que desde hace años venden elotes, churros y raspados para financiar la operación del refugio, pero hoy los inspectores municipales impiden que los jóvenes trabajen cerca del IMSS o en zonas donde tradicionalmente lo hacían, bajo el argumento de que “no hay permisos”

Afirmó que antes era posible dialogar con las autoridades, pero ahora todo el proceso es digital y complicado para ella. Incluso en fechas especiales, como Día de Muertos, tienen fuertes problemas para que les permitan trabajar, y en ocasiones les retiran vehículos o les obligan a retirarse.

Cuestionada sobre porque considera que el gobierno se siente con el derecho de llevar personas a su albergue sin brindarles apoyo ni facilitarles las actividades con las que sostienen la operación, dijo desconocerlo.

Señaló que, pese a ello, seguirá atendiendo a quien lo necesite, pero pidió que las autoridades tengan consideración y sensibilidad para permitirles trabajar y reconocer la labor que realizan.