La Paz, Baja California Sur.- En medio del reclamo ciudadano, el Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) aprobó este martes —con el voto mayoritario de Morena, PT y aliados— la iniciativa del gobernador Víctor Castro Cosío que le otorga al Ejecutivo estatal la facultad de emitir declaratorias para cambiar el uso de suelo, bajo el argumento de impulsar la llamada “vivienda del bienestar”.

La sesión ordinaria de este martes tuvo que entrar en receso luego de que manifestantes irrumpieran en el recinto legislativo exigiendo que el punto fuera retirado del orden del día, al considerar que la iniciativa no fue socializada ni discutida con los sectores involucrados.

“Planeación urbana con la gente, no a espaldas del pueblo”, se leía en las pancartas que portaban vecinas y activistas, quienes acusaron un intento por concentrar en el gobernador atribuciones que constitucionalmente corresponden a los ayuntamientos.

“Se está violando el artículo 115 constitucional y la Ley General de Asentamientos Humanos, al darle al gobernador las facultades de planeación que corresponden a los municipios”, señaló Mariana Orozco, integrante de la organización Contener La Paz.

“No se necesitan crear polígonos del bienestar, lo que se necesita es cumplir la ley y respetar los procesos de participación ciudadana”, añadió.

De acuerdo con Orozco, los llamados “polígonos prioritarios” podrían permitir el cambio discrecional del uso de suelo para fines industriales o turísticos, abriendo la puerta a la especulación y a proyectos alejados de los servicios básicos.

 “El gobierno habla de vivienda social, pero hay terrenos intraurbanos abandonados esperando ser aprovechados. No se puede seguir construyendo en zonas sin agua, sin transporte y sin planeación”, denunció.

Las organizaciones aseguran haber enviado oficios desde agosto solicitando reuniones y audiencias públicas sin obtener respuesta. Incluso, algunas vecinas denunciaron haber sido descalificadas por diputadas oficialistas que “ni siquiera las escucharon”.

Pese a las protestas, la mayoría legislativa aprobó la reforma con 18 votos a favor, cero en contra y una abstención.

Se argumenta que la medida “fortalecerá la gobernanza territorial y reducirá los costos de acceso al suelo urbano”, beneficiando —según el texto— a más de 50 mil familias de bajos recursos, madres solteras y jóvenes.

Sin embargo, las y los inconformes advierten que la reforma representa un grave retroceso democrático y una muestra del creciente autoritarismo con que se toman decisiones de impacto social en Baja California Sur.

 “Nos dicen que podemos quedarnos gritando, pero que igual van a votar. Eso no es representación ciudadana”, expresó una manifestante.