La Paz, Baja California Sur. - Con el objetivo de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, así como diversas reformas a las leyes que rigen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor de las bancadas de Morena, PT, Nueva Alianza y Verde Ecologista, una abstención del PRI y un voto en contra del PAN.

Durante su intervención, el diputado Eduardo Van Wormer Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, destacó que esta nueva legislación permitirá un acceso más amplio y efectivo a la información pública en la Entidad, consolidando los principios de transparencia y gobierno abierto.

La nueva ley contempla la creación de Comités y Unidades de Transparencia en cada sujeto obligado, la integración del Estado al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública mediante un Subsistema Estatal, así como el uso obligatorio de la Plataforma Nacional de Transparencia para recibir solicitudes y publicar información de manera accesible y oportuna. Además, promueve el uso de datos abiertos, formatos accesibles y tecnologías digitales, bajo los principios de máxima publicidad, igualdad y no discriminación.

La ley establece principios, bases y procedimientos para que cualquier persona pueda solicitar, recibir y difundir información en posesión de autoridades estatales y municipales, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y particulares que ejerzan recursos públicos, prohibiendo expresamente reservar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. En materia de responsabilidades, se contemplan sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que incluyen multas, apercibimientos y posibles denuncias ante autoridades competentes, según la gravedad de la falta.

Asimismo, se crea el Instituto de Transparencia para Baja California Sur, autoridad garante local dependiente de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, encargado de coordinar la política estatal en materia de transparencia y de resolver los recursos de revisión que interpongan los ciudadanos.

Las iniciativas fueron presentadas por el ciudadano Fabricio González, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Finalmente, el pleno del Congreso aprobó la solicitud de reserva del diputado Fabrizio Del Castillo Miranda para garantizar los derechos laborales de las personas servidoras públicas del nuevo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.