• Se sancionará a los reos que utilicen dispositivos electrónicos con una pena de seis a 12 años.
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Estado de México. - El
Congreso de México aprobó el martes una ley para prevenir, investigar y
sancionar con hasta 42 años de cárcel la extorsión, el único delito que la
presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no logró disminuir durante su poco
más de un año en el poder.
La ley busca atacar un delito
que este año alcanzó cifras récord, con un incremento interanual del 7% en los
primeros seis meses para llegar a 5 mil 887 víctimas registradas. Según cifras
oficiales, 2025 es el año con más extorsiones desde que hay registro.
Por unanimidad, la Cámara de
Diputados aprobó también reformas para unificar la definición del delito
de extorsión en todo el país y homologar las sanciones aplicables.
Hasta ahora, este crimen se tipifica, investiga y castiga de manera distinta en
cada estado.
La ley de extorsión y las
modificaciones aprobadas el martes establecen que el delito y los actos
vinculados “se investiguen y persigan de oficio”, por lo que ya no será
indispensable que las víctimas presenten una denuncia para que las autoridades
actúen. Asimismo, se permitirá que cualquier persona haga reportes de forma
anónima.
La nueva normativa, que deberá
ser aprobada por la mayoría de los congresos locales del país para entrar en
vigor, establece penas que van de 15 a 42 años de prisión.
Además, incluye sanciones de
entre 10 y 20 años de cárcel para los funcionarios que no denuncien la
extorsión. Las autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten o
permitan este delito enfrentarán una pena de 15 a 25 años de prisión.
“La extorsión es el delito que más crece en
México y evidentemente eso no lo debemos seguir permitiendo. Hoy millones de
mujeres y hombres en este país tienen que pagar un impuesto ilegal a los
extorsionadores, a los delincuentes”, dijo la presidenta de la Cámara de
Diputados, la opositora Kenia López.
Asimismo, se sancionará a los
reos que utilicen dispositivos electrónicos con una pena de seis a 12 años, la
cual se aplicará también a los funcionarios y al personal de los centros
penitenciarios que permitan la entrada de celulares u otros medios electrónicos
(Reuters).