San José del Cabo, Baja California Sur. Este 19 de agosto un grupo de 100 transportistas representantes del municipio de Los Cabos se plantaron fuera de las instalaciones del Palacio Nacional en la Ciudad de México, para visibilizar y exigir atención ante una problemática de transportadoras turísticas con el Gobierno de Baja California Sur (BCS).

En entrevista exclusiva para Diario El Independiente, Adrián García representante de una de las agrupaciones resaltó que este conflicto se relaciona también con el paro en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos.

Explicó que el pasado 2 de agosto tuvieron una reunión con autoridades estatales en donde se les indicio nuevamente que debían registrarse a una plataforma digital. “Pero es una plataforma que no está en la ley, por lo tanto, no nos pueden exigir ingresar a ella”

“A partir de ahí paso de ser una invitación para meternos a la plataforma, a ser una amenaza y presiones. Hasta amenazas de meternos a la cárcel. En los operativos nos decían los inspectores que si no traíamos la plataforma nos iban a quitar los permisos federales y había riesgo de arrestarnos”, dijo García.

Fue la detención de algunas camionetas y un conflicto a las afueras del hotel Riu con el gremio de taxistas lo que detonó el paro en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. 

“Este lunes los inspectores detuvieron a compañeros y se negaban a dejarlos pasar a los hotel Secrets  y Riu, exigiendo que forzosamente se metan a la plataforma, aun cuando la ley dice que no se puede sobre regular a permisionarios federales, pero ellos nos presionan con ya no dejarnos acceder a los hoteles”, agregó.

Además, las transportadoras por cuenta propia crearon un sistema para demostrar que son previamente contratados por el cliente, sin embargo, las autoridades se negaron a aceptarlo, afirman los transportistas. 

Luego de la presencia en el Palacio Nacional, fueron atendidos por personal del gobierno federal a quienes entregaron un documento para exponer sus inquietudes y podría ser este miércoles que sean atendidos por representantes de la federación. La exigencia, al igual que en los últimos años continúa siendo la renuncia de Martín Salinas director estatal de Transporte a quien señalan por conflicto de intereses.