La Paz, Baja California Sur. - Con el objetivo de mantener un manejo ordenado, legal y transparente de las finanzas públicas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto presentó ante la Diputación Permanente de la XVII Legislatura una iniciativa para actualizar los tabuladores salariales del gobierno estatal, conforme a disposiciones federales, sin aumentar el presupuesto, ajustando los montos con base en el nuevo salario mínimo, UMA y subsidio al empleo, dentro del Presupuesto de Egresos 2025.

Esta iniciativa responde a disposiciones emitidas por organismos federales como el INEGI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) y la Secretaría del Trabajo, que exigen ajustes obligatorios a los ingresos del personal público sin afectar el techo presupuestal aprobado.

“El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de mantener finanzas públicas sanas, pero también de garantizar condiciones laborales justas para quienes prestan sus servicios. Esta actualización alinea los sueldos con las nuevas disposiciones federales, sin poner en riesgo la estabilidad presupuestal. Lo hacemos con responsabilidad, legalidad y respeto hacia la administración pública estatal”, expresó la diputada.

La legisladora destacó que el gobierno estatal enfrenta un entorno económico complejo que requiere planeación precisa y cumplimiento puntual de las normas fiscales. “La Secretaría de Finanzas actuó en tiempo y forma para ajustar los tabuladores, tomando en cuenta el nuevo salario mínimo, la actualización de la UMA y los lineamientos sobre subsidios. Con esta iniciativa, desde el Congreso damos certeza jurídica y continuidad a ese trabajo”, añadió.

Los principales factores para esta actualización son: La publicación de la nueva Unidad de Medida y Actualización (UMA); El incremento al salario mínimo general y profesional para 2025; Cambios en el subsidio al empleo determinados por la autoridad fiscal federal y el compromiso estatal para garantizar un salario digno a los cuerpos policiales.

Para finalizar, la diputada reiteró que la iniciativa busca fortalecer la legalidad y equidad en el gasto público, garantizando sueldos justos sin comprometer el presupuesto estatal. Resaltó que los ajustes no representan un incremento en el gasto, sino una redistribución responsable de recursos, en apego a la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.