• “…la finalidad, construir una propuesta legislativa integral que agilice la justicia laboral y evite el desfonde de las arcas públicas para el pago de laudos e indemnizaciones”, afirmó el promo-vente Dip. Venustiano Pérez Sánchez.
La Paz, Baja
California Sur. - La XVII Legislatura del Congreso de BCS turnó a la Comisión
de Asuntos Laborales y Previsión Social, el punto de acuerdo presentado por el
diputado Venustiano Pérez Sánchez, mediante el cual solicita la comparecencia
en sesión privada, del Lic. Luis Alberto López López, Árbitro Presidente del
Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, con el
objeto de sostener un diálogo con los integrantes de esta soberanía popular, a
fin de construir una reforma legal que permita garantizar los derechos
laborales del denunciante, así como, de evitar el quebranto de las arcas
públicas por el pago de laudos laborales.
En la
exposición de motivos, el representante popular consideró importante conocer
cuántos juicios están en proceso, cuántos recursos públicos se han erogado para
solventar el pago de laudos condenatorios, acuerdos elevados a laudos,
correspondientes a todos los entes públicos que se rigen por la Ley Burocrática
estatal. Lo anterior, con la finalidad de construir una propuesta legislativa
integral que agilice la justicia laboral y evite el desfonde de las arcas
públicas para el pago de laudos e indemnizaciones.
Pérez
Sánchez, indicó importante puntualizar que la justicia laboral es una garantía
constitucional, y que las resoluciones judiciales deben cumplirse. Sin embargo,
planteó que se deben poner reglas desde la legislación laboral que incumbe a
los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios, para
evitar gastos millonarios que impactan en la operación de las instituciones, en
los ciudadanos que demandan obras y servicios, pero también, en los
trabajadores de base y confianza, al mermarse las capacidades financieras de
las instituciones públicas del Estado y municipios para otorgar estímulos a sus
plantillas laborales.