La Paz, Baja California Sur. - Los poderes del Estado acompañados de instituciones de los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles y colectivos, iniciaron el proceso de solventación al mandato de la acción de inconstitucionalidad emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la Ley Para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur.

El Poder Legislativo de Baja California Sur fue notificado de la sentencia de la SCJN a la acción de inconstitucionalidad 85/2024 promovida por el Poder Ejecutivo federal que declara la invalidez del decreto 3010 correspondiente a dicha ley y otorga 12 meses para la realización de una consulta previa, pública y abierta, para concluir en la presentación de una nueva ley.

En este primer encuentro convocado por las comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, se adelantó que se deberá presentar para aprobación la propuesta de ruta crítica a desarrollar en el periodo asignado, un estudio diagnóstico, plan de trabajo y cronograma.

Acordaron convocar a más organizaciones civiles para que en la siguiente sesión instalar el Consejo Plural que definirá al Comité Técnico Asesor el cual definirá las etapas y la realización de consultas, previa aprobación del plan de trabajo.

La diputada Dalia Collins Mendoza presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad externó que se convocará a todos los grupos para asegurar que en la ley se contemple todos los derechos del sector.

Por su parte el diputado Martín Escogido Flores presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos explicó que previo al inicio del plan de trabajo se deberá de convocar a todos los sectores para llegar a un buen término.

En esta mesa de trabajo participaron el Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno del Estado a través del Instituto Sudcaliforniano de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, los colectivos BCS Divergente, La Paz es Diversa, tutores de personas con espectro autista, quienes tendrán una importante participación en la construcción de la nueva ley que emita el Congreso.