La Paz, Baja California Sur.- Tras la anulación de la ley anterior por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la diputada Gabriela Montoya Terrazas, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, presentó ante el Congreso del Estado una nueva iniciativa de Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en Baja California Sur (BCS).

La legisladora explicó a Diario El Independiente, que el proyecto busca establecer un marco jurídico más incluyente y sólido, que permita garantizar derechos en áreas como salud, educación, diagnóstico oportuno, inclusión social y asignación de presupuesto. Actualmente, el estado carece de una legislación vigente en esta materia.

“Hoy no tenemos ley, y sin ley no hay recursos ni obligaciones claras para las instituciones. Con esta nueva iniciativa, queremos cambiar eso”, señaló Montoya.

La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad. Una vez en comisiones, se abrirá el proceso formal de análisis y socialización, que incluye la realización de foros y consultas ciudadanas en los cinco municipios del estado.

Montoya explicó que, conforme al trámite parlamentario, no es posible realizar consultas públicas o destinar recursos del Congreso para foros sin contar primero con una iniciativa formalmente presentada y turnada a comisiones.

“Ese fue el error con la ley pasada: fue invalidada y hoy no existe jurídicamente. Por eso era fundamental presentar una nueva iniciativa como base para empezar de nuevo, ahora de manera correcta”, afirmó.

Entre los puntos principales de la nueva ley destacan:

·        Diagnóstico y atención médica especializada con personal capacitado y clínicas adecuadas.

·        Inclusión real en el sistema educativo, incluyendo maestras sombra con financiamiento público.

·        Creación de un censo estatal de personas con la condición del espectro autista.

·        Partidas presupuestales obligatorias para garantizar la atención.

·        Participación activa de la sociedad civil en la construcción del dictamen.

Montoya subrayó que muchas familias deben cubrir de su propio bolsillo el costo de atención médica o educativa para sus hijas e hijos con autismo, incluyendo servicios de neurólogos, genetistas o maestras de apoyo, lo que genera desigualdad y rezago.

“Las instituciones hacen lo que pueden, pero sin una ley que las obligue y sin presupuesto etiquetado, la atención es limitada. Lo que buscamos es justicia social y dignidad para estas personas y sus familias”, concluyó.