La Paz, Baja California Sur. - El Gobierno del Estado, a través de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ha impulsado el proceso de certificación y digitalización de la firma electrónica para su implementación en los documentos autorizados, evitando así la falsificación, informó María Karina Ramírez Miranda, directora general de la dependencia.

Indicó que recientemente se signó, entre el gobierno estatal y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), un convenio para la implementación del Proyecto Ejecutivo Registral, con un presupuesto de 16.4 millones de pesos, que permitirá la preparación, captura jurídica registral e indexación de actos registrales con sus respectivos expedientes electrónicos, correspondientes a poco más de 2 millones de imágenes del acervo y de 82 mil 916 documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre los años 1950 a 2016, lapso de mayor tránsito inmobiliario.

Ramírez Miranda indicó que en los municipios de La Paz y Los Cabos llevan un avance en su digitalización del 80 y 100 por ciento, por lo que en breve se iniciará en Comondú y Loreto, posteriormente culminar en Mulegé.

Añadió que estas acciones buscan la detección de escrituras y documentos falsos, atención de calidad a los contribuyentes, mejorar la recaudación, mayor transparencia, recolección de firmas seguras y en menor tiempo, optimización de los procesos internos, reducción de costos operativos y la garantía de contar con una firma electrónica segura.

Precisó que el proyecto contempla, además, la elaboración de un esquema de ley, que garantiza mayor estabilidad y seguridad jurídica, en comparación con un reglamento, brindando así certeza jurídica, jerarquía normativa, uniformidad y mayor confianza en el sistema registral.

La titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio recordó que el Gobierno del Estado, desde el inicio de la administración se ha enfocado en la modernización registral y la digitalización del acervo, que se traduce en la agilidad y eficiencia en los trámites y servicios que brindan las instituciones registrales a la población.