La Paz, Baja California Sur. - La XVII Legislatura aprobó este martes 23 de junio, por la mayoría de sus integrantes, la expedición de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur promovida por el diputado Martín Flores Escogido y las diputadas Dalia Verónica Collins Mendoza y María Cristina Contreras Rebollo, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y Afromexicanos.

La ley tiene por objeto reconocer los pueblos y comunidades indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, a las personas que los integran al tener la condición de indígenas y afromexicanos así como a las que se encuentran temporal, permanentemente establecidas o en tránsito por el territorio de la entidad, así como reconocer los derechos colectivos de las personas con estas características y que conservan sus propias instituciones es sociales, económicas, culturales y políticas imparte de ellas.

Busca, además, garantizar el ejercicio de las formas de organización comunitaria, su derecho a la autodeterminación y a la consulta previa a través de las instituciones para la toma de decisiones, promover el respeto, uso y desarrollo de sus culturas y cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, medicina tradicional entre otros.

La ley establece también la obligación del Poder Público del Estado y municipios de adoptar medidas que garanticen el ejercicio de sus derechos. Consta de los títulos: Disposiciones generales, De los Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanos; Del Desarrollo Integral de Los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos y de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas mismos que contienen 114 artículos más 14 transitorios.

En la discusión del tema, a favor, la diputada Teresita Valentín representante de la comunidad indígena afirmó que esta ley es resultado de años de lucha, de exigencias, de consultas de diálogos con representantes de comunidades indígenas y afromexicanos que habitan en nuestro Estado, “es un paso hacia el reconocimiento pleno de nuestra dignidad y hacia un desarrollo con identidad”, afirmó.

Por su parte la diputada Cristina Contreras dijo que esta ley representa un acto de justicia Esta ley representa un acto de justicia histórica largamente postergado no solo da complemento al mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la en la acción inconstitucional sino que sobre todo reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre sujetos de derecho público con voz identidad historia dignidad y capacidad plena para decidir sobre su destino.

En la discusión en lo particular, el diputado Sergio Huerta Leggs propuso modificar la redacción de los artículos 102 y 109, las cuales no fueron aceptadas por que estaban en términos de la ley controvertida.