La Paz, Baja California Sur. - En Baja California Sur anualmente cada diciembre será “Mes de la inclusión de las personas con discapacidad”, con la finalidad de avanzar en la inclusión del sector en los diferentes ámbitos como laboral, de salud, movilidad, social, de emprendimiento, entre otros.

La XVII Legislatura del Congreso del Estado hizo la declaratoria luego de que el pleno aprobara el dictamen de la Comisión de Cultura y Artes que preside el diputado Christian Fabrizio Del Castillo Miranda a una iniciativa de la diputada Dalia C ollins Mendoza, representante de la población con discapacidad en la asamblea legislativa sudcaliforniana.

La comisión dictaminadora coincidió con la iniciadora para que se destaque e intensifique la promoción de la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad, así como para recordar al mismo poder legislativo las asignaturas pendientes con el sector, tales como: acciones Legislativas, lenguaje incluyente, rehabilitación, ayudas técnicas mediante dispositivos tecnológicos y materiales que permitan compensar una o más limitaciones.

En su oportunidad la diputada Dalia Verónica Collins Mendoza aseveró que las personas con discapacidad, máxime quienes la tienen como una condición de vida, siguen enfrentando barreras que dificultan su inclusión plena y equitativa en las diferentes áreas.

Por ello afirmó que “La lucha a favor de las personas con discapacidad nos corresponde a todos, requerimos acciones desde todos los ámbitos gubernamentales”, y comprometió seguir llevando asuntos del sector que representa a la tribuna.

El decreto emitido mandata que la leyenda sea incorporada en los documentos oficiales que expidan los poderes públicos del estado, los ayuntamientos, así como los órganos constitucionalmente autónomos, con el fin de visibilizar el tema de la discapacidad y se promuevan acciones a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado.

En la discusión en lo particular, la diputada Cristina Contreras Rebollo (Morena) avaló el dictamen al determinar que el decreto no es sólo una formalidad ni una frase simbólica, sino que es un acto legislativo profundamente significativo, necesario y urgente, porque reconoce y hace visible un sector de nuestra sociedad que históricamente ha sido relegado por los discursos públicos, políticas institucionales y las prácticas sociales, “No es un favor que se le concede a las personas con discapacidad, es un deber del Estado, es un mandato constitucional y sobre todo es un compromiso con la dignidad humana”, determinó.