Estado de México. - El Senado aprobó una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que permite a trabajadores de entidades como el SAT, Banxico o Pemex, así como a empresas de seguridad privada, obtener licencias para portar armas, siempre que justifiquen su necesidad y cumplan con los requisitos legales, según una nota del sitio web Infobae.

La iniciativa, aprobada por unanimidad con 105 votos, modifica más de 100 artículos y fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.

Según el dictamen, se busca garantizar la seguridad de áreas estratégicas y la seguridad pública, conforme a lo establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre las disposiciones más destacadas, se establecen penas más severas para delitos relacionados con armas.

Quienes cometan ilícitos con armas prohibidas enfrentarán de 4 a 8 años de prisión y multas de 700 a 1,500 UMAs. La introducción ilegal de armas, cargadores o aditamentos al país será castigada con 7 a 30 años de cárcel y multas de hasta 2,000 UMAs.

El uso indebido de explosivos o sustancias reservadas para las Fuerzas Armadas tendrá sanciones de 6 a 12 años de prisión, mientras que el mal uso de armas asignadas a instituciones policiales o de justicia acarreará de 7 a 15 años de cárcel.

La reforma también regula actividades específicas. En la charrería, se permitirá el uso de revólveres de mayor calibre como parte del atuendo tradicional, siempre que estén descargados.

Sin embargo, se prohíbe estrictamente la fabricación, posesión o uso de aditamentos que conviertan armas semiautomáticas en automáticas, así como el uso de accesorios como miras holográficas, térmicas o equipos de visión nocturna, para evitar actividades ilícitas.

Una nota de El Sol de México expuso que, aunque el PAN y Movimiento Ciudadano votaron a favor, lo hicieron con fuertes reservas. Mientras que el PRI acusó un “rotundo fracaso” en la política de seguridad y pidió un replanteamiento de fondo, MC destacó avances metodológicos, pero exigió claridad sobre el mando civil, las desapariciones y el fortalecimiento de instituciones locales.