San José del Cabo, Baja California Sur. En el marco de una reciente Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Los Cabos el regidor Celestino Atienzo Beltran (PAN) reveló que el Gobierno de Baja California Sur (BCS) dio una negativa al Plan de Desarrollo Urbano 2040; calificó el acto como "una falta de respeto". 

La tercera actualización del PDU fue autorizada desde el pasado 20 de enero, luego de casi 13 años sin modificaciones y en su momento el propio alcalde Christian Agúndez Gómez reveló que la aprobación del plan era una condicionante para que el Gobierno Federal arrancara el programa de vivienda. 

Al desatarse la polémica por los caminos costeros resaltó también que el Gobierno de Baja California Sur sería el encargado de aprobar el documento para su publicación en el Boletín Oficial.

Atienzo Beltran expuso este viernes que recibió por escrito una negación para la actualización del PDU; calificó el acto como una falta de respeto y desinterés para la necesidad de vivienda y movilidad en el municipio.

"Es evidente que el Gobierno del Estado intenta, mediante argucias legales, impedir el desarrollo de Los Cabos, afectando con ello el empleo y modo de vida de numerosas vidas cabeñas", dijo el regidor.

"El Gobierno del Estado se ha empeñado en empañar el buen desempeño y trabajo del Ayuntamiento... hay un interés político detrás de todo. Los Cabos no puede ser rehén de los intereses políticos para el próximo periodo electoral 2027, es evidente que el gobierno no tiene prioridad en el ayuntamiento para ese proceso", agregó el funcionario.

Cabe recordar que el Gobernador Víctor Castro Cosío en el marco de las acciones de liberación de los caminos costeros ya habría advertido que no darían luz verde al documento y en su momento declaró: "Tenemos que estar en sintonía para que si hubo alguna decisión por algún acuerdo ilícito o ilegal del Cabildo para desviar esto, nosotros vamos a revisar y si no es factible, no es factible, que es lo más seguro que eso pasará". 

Atienzo hizo un llamado al gobierno del estado para reconsiderar el impacto que puede tener esta negativa para fines de ordenamiento territorial.