La Paz, Baja California Sur.- Habitantes del fraccionamiento Altavista denunciaron la falta persistente de agua potable y acusan a la constructora Dipaz y al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable (Oomsapas) de incumplimiento, negligencia y falta de transparencia.

Los vecinos afirman haber sido engañados al comprar viviendas que supuestamente contaban con todos los servicios básicos. “Nos prometieron casas listas para habitar, con agua y demás servicios. Pero eso no es verdad. Es un fraude”, señaló uno de los afectados. Aseguran que no se realizó el estudio hidráulico requerido para garantizar el abasto en la zona, y aun así el proyecto fue aprobado.

Lo más grave, dijeron, es que durante una reunión con Oomsapas el pasado 4 de marzo, la propia dirección del organismo aseguró que el proyecto habitacional está aprobado, pero que no saben quién lo aprobó. “Eso demuestra la falta total de control y transparencia. Nadie se hace responsable”, reprocharon.

Aunque hubo compromisos por parte de Oomsapas para mejorar la presión y garantizar el servicio, los vecinos aseguran que apenas se hicieron un par de pruebas sin resultados. “La semana pasada llegaron apenas 100 litros al día. No alcanza ni para llenar el tinaco al ras del piso”, denunciaron.

Además, afirmaron que deben recurrir a pipas privadas, las cuales cobran hasta 1,200 pesos por agua de mala calidad. “Nos venden agua sucia, con grasa. Se aprovechan de nuestra necesidad como buitres”, dijo una vecina. Aunque Sapa envía una pipa cada domingo, deben “corretearla” para conseguir algo de agua.

En Altavista, el tandeo es cada tercer día de 12:00 a 20:00 horas, pero sin la presión necesaria para abastecer los hogares. Muchas familias se ven obligadas a lavar ropa en casas de familiares en otras zonas de la ciudad.

Los vecinos exigen una solución urgente y advierten a posibles compradores a informarse antes de adquirir una casa en esa zona. “No es posible que se aprueben proyectos sin estudios hidráulicos. Aquí solo vemos intereses económicos del gobierno y de la inmobiliaria. ¿Y nuestro derecho al agua, dónde queda?”, concluyeron.