• Organizaciones sociales consideran que 11 perfiles no deben contender en los comicios del próximo 1 de junio, ya que representan un riesgo para la impartición de justicia
Fotogalería
Estado de
México. - Organizaciones sociales acudieron al INE a llevar sus denuncias
contra 11 candidaturas al Poder Judicial, por considerarlas “un riesgo para la
impartición de justicia”, ante la omisión de los Comités de Evaluación de los
tres Poderes, para revisar la idoneidad de los perfiles.
Como vocero
de las organizaciones Laboratorio Electoral, Práctica: Laboratorio para
la Democracia, Defensorxs y Politiklab, el especialista electoral Arturo
Espinosa Silis aseguró que “no puede haber ningún candidato que represente un
riesgo para la impartición de justicia, creemos que hubo una omisión tremenda
en los Comités de Evaluación al revisar los perfiles, no debieron ceñirse sólo
a valorar requisitos legales, sino a ver si tenían la ética suficiente para
poner la justicia en sus manos.”
Entrevistado
en las escalinatas del INE, dijo que las organizaciones se pusieron a buscar
elementos que los tres Poderes no buscaron y que eran evidentes y, por lo
tanto, solicitan tanto al Senado, como al INE, para que tomen medidas.
Las
candidaturas denunciadas son las de Francisco Herrera Franco, candidato a juez
penal en Michoacán, mencionado en el asesinato de dos periodistas; Jesús
Humberto Padilla Briones, candidato a juez penal en Nuevo León, con presuntos
antecedentes penales por narcomenudeo; Fernando Escamilla Villarreal, candidato
a juez penal en Nuevo León, defensor de integrantes del cártel de Los Zetas;
Andrés Montoya García, aspirante a magistrado de circuito en materia de
apelaciones en Sonora, mencionado en desaparición de un reportero; Eluzai
Rafael Aguilar, candidata a jueza penal en Guadalajara; Karina Sánchez
Ruiz, aspirante a magistrada de Tribunal mixto en Oaxaca; Cesiah Keren León
Rocha, a jueza civil; Madián Sinaí Menchaca Sierra, a jueza en materia administrativa;
Betzabeth Almazán Morales, a jueza civil; Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, a
magistrada de circuito laboral en Guanajuato, y Job Daniel Wong Ibarra, a
magistrado laboral en Jalisco, son acusados de complicidad con Naasón Joaquín,
líder de la iglesia de La Luz del Mundo, quien está encarcelado en EU por
pederastia.