• Las iniciativas buscan impedir la intervención en investigación o persecución de criminales por parte de actores extranjeros sin autorización de las autoridades locales.
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Estado de
México. - El gobierno
de México enviará el jueves al Congreso de la Unión una reforma
constitucional sobre soberanía nacional que busca impedir la intervención
en investigación o persecución de criminales por parte de actores extranjeros
sin autorización de las autoridades locales.
El anuncio
fue realizado por la presidenta de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, en su conferencia mañanera de
este jueves. Cabe señalar que esta iniciativa se produce en respuesta a la
designación del miércoles por parte del gobierno de Donald Trump de los
cárteles de droga, entre ellos varios mexicanos, como organizaciones
terroristas.
La mandataria
leyó una serie de cambios a artículos constitucionales para asentar que
México, "bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones,
intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la
integridad, independencia o soberanía de la nación".
Entre estos,
citó "golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del
territorio" por tierra, mar o aire.
“Tampoco
consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin autorización
y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes
aplicables", agrega el texto leído por Sheinbaum.
Las
modificaciones a la Carta Magna imponen también penas severas a
extranjeros por "la fabricación, distribución, enajenación, traslado o
internación al territorio nacional de manera ilícita de armas", o por
realizar "actividades al margen de la ley" relacionadas con la
soberanía del país.
En
seguimiento a un decreto emitido por el presidente estadunidense tras asumir el
cargo en enero, el país vecino designó el miércoles al Tren de Aragua, al
cártel de Sinaloa y a otros cárteles de la droga como organizaciones
terroristas globales, según una notificación del Registro Federal.
El aviso del
Departamento de Estado detalló que los grupos representan un riesgo para
la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de la
nación norteamericana.