San José del Cabo, Baja California Sur. El representante estatal del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) Baja California Sur (BCS), Alberto Rentería Santana aseguró que la militancia sudcaliforniana daría su apoyo al presidente de la República por el recientemente presentado paquete de reformas a la Constitución Mexicana.

Insistió Rentería en que, dentro del paquete de 20 reformas, hay una en particular que resultará con impacto directo a la entidad; se trata de la número 7, en la que se especifica que no se podrá otorgar concesiones para minería a cielo abierto y quedará prohibido el fracking (técnica para "estimular" pozos) para la extracción de hidrocarburos.

"Que todos aquellos luchadores sociales con el tema ecológico, se puede dar con una de las iniciativas con cortar de tajo y la prohibición de la minería a cielo abierto, BCS ya tuvo sus luchas que muchas y muchos están a favor de que se proteja el medio ambiente, con la reforma sellaremos y definiremos que en el futuro se prohíba la actividad".

Aseguró que buscan con el Movimiento a nivel local captar el interés de los ciudadanos para concientizar y conocer el camino a seguir en el futuro próximo con estas reformas y redirigiendo a la Constitución a un "sentido social".

"De Baja California Sur el apoyo es irrestricto a los 20 proyectos de reforma a la Constitución que presentó el presidente Andrés Manuel tanto a la cámara baja de diputados y la cámara alta de senadores; adicionalmente las dos iniciativas también de Reformas generales".

Solo por mencionar algunas, el paquete incluye reformas para: Otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles; Prohibir el maltrato a los animales Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico; No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación y la Reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos.

Medios de comunicación y figuras políticas han criticado al jefe del ejecutivo por presentar el paquete a solo ocho meses de su salida del poder y con tiempo limitado para que los poderes legislativos realicen el correcto análisis.