La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado recibió una iniciativa de reforma del Código Penal para tipificar como delito el abandono de jornaleros agrícolas en Baja California Sur (BCS), así como la retención injustificada del salario.

Durante la sesión pública ordinaria de este martes, la diputada María Luisa Trejo Piñuelas presentó la propuesta ante el pleno, destacando que se busca evitar que se sigan vulnerando los derechos de los jornaleros y se erradiquen este tipo de conductas que afectan a nuestra sociedad y sobre todo a los que menos tienen.

Dijo que en esta entidad se recibe un gran número de trabajadores agrícolas y es muy común que se les deje a la deriva en un lugar que no conocen, donde no tienen familiares que los socorran y un lugar donde cubrir sus necesidades sanitarias elementales y dormir.

Explicó que una de las zonas del País, que demanda o requiere trabajadores del campo, es Baja California Sur, la cual cuenta con zonas de producción agrícola en el Valle de Vizcaíno, Comondú y en la Zona Sur del Estado.

Indicó que llegan dos grupos de trabajadores: los que migran a lo largo y ancho del país con mayor demanda de mano de obra agrícola y son contratados regularmente por las agroempresas, muchas veces en sus lugares de origen, a través de intermediarios.

En otros casos, dijo,  esa forma de contratación se realiza a manera de caravanas, en donde los intermediarios o enganchadores, forman grupos de jornaleros para ir ofreciendo su trabajo de un campo a otro, de acuerdo con la temporalidad y los ciclos de los diversos productos agrícolas.

Enfatizó que estas personas llegan a la entidad bajo la promesa de un empleo seguro, seguridad social y vivienda. Sin embargo, en muchas ocasiones a dichos trabajadores del campo los trasladan y los dejan abandonados.

“Lamentablemente este tipo de conductas son cada vez más recurrentes, ya que nos enteramos que jornaleros agrícolas y sus familias son abandonados en el territorio del estado, sin reparo alguno, dejándolos como simples objetos, sin pensar en sus necesidades y en las de sus familias, sin contar muchas veces con recursos económicos para poder regresar a sus lugares de origen o bien encontrar otra fuente de empleo”, expresó.

Recalcó que además se conoce que,  lamentablemente, se continúa con la práctica de la privación del salario del trabajador, sin que medie resolución judicial, contrariando lo que establece la última parte del primer párrafo del artículo 5 de nuestra Carta Magna, que dispone que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

En este contexto es que solicitó la penalización de estas faltas a través de la iniciativa de reforma al Código Penal, misma que se aceptó como asunto de interés y fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen.