La Paz, Baja California Sur. Vamos a revisar las concesiones que dejaron en la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur (BCS), prometió el gobernador del estado Víctor Manuel Castro Cosío al ser cuestionado sobre las condiciones en que se enteraron los usuarios del embarcadero público de El Manglito que su sitio tradicional para hacerse al mar y llevar el sustento a sus familias será privatizado por una concesión de la paraestatal APIBCS.

“Vamos a revisar las concesiones que ha dado el API en una junta de gobierno. Encontramos irregularidades, cómo se concesione el precio a orillas del mar de una forma injusta para la ciudad. El mejor lugar lo concesionan en veinte centavos, cinco pesos. Lo vamos a revisar todo, y vamos apegarnos al orden de concesión que prevalezca en el país, un promedio de los más altos a los más bajo como el caso de Baja California”.

Así se expresó el mandatario cuestionado por los medios de comunicación ante la resistencia pacífica que han iniciado los usuarios de este embarcadero: pescadores, prestadores de servicios turísticos y familias que usan este embarcadero, el último en su tipo en la ciudad y puerto de La Paz que aseguran: “no se van a dejar” (Diario El Independiente 9 de junio 2022).

El gobernador habla de diferentes concesiones otorgadas los últimos años de la administración que le antecedió. Se sabe que concesiones también en La Paz, en el recinto portuario de Puerto Pichilingue para manejar el gas natural que usa CFE y generar la energía que todos pagamos. Este negocio que representa entradas multimillonarias para las empresas New Fortress Energy –del magnate norteamericano Wes Edens, dueño hasta de un equipo de la NBA—paga una contraprestación de poco más 800 mil pesos mensuales (31 pesos el metro cuadrado).

Igualmente, la empresa Aquamayan Adventure asociada a las líneas de cruceros más importantes del mundo como Carnival y Princess Cruises, pagará –de instalarse—una contraprestación de 1 millón 926 mil pesos (30.3 pesos por metro cuadrado).

Ahora se sabe de una nueva cesión parcial de derechos para Desarrollos Visión en el céntrico barrio de El Manglito que pagará una renta mensual de 55 mil 945 pesos por un terreno de poco más 11 mil metros cuadrados a un precio de 50 pesos el metro por la operación de una marina para embarcaciones medianas, restaurantes, y locales comerciales en uno de los espacios de mayor plusvalía en la ciudad.

El contrato, que fue llamado “ventajoso” por el propio gobernador del estado fue otorgado por la junta de gobierno de API que presidió en la administración de su antecesor, Carlos Mendoza Davis. Fue él quien en su calidad de presidente de este órgano nombró a José López Soto al frente de la entidad quien, por medio de cesiones parciales de derechos, entregó un área importante de recintos portuarios federales, por decreto, bajo la tutela del gobierno sudcaliforniano.

Hasta el momento, no se ha hecho público el número total de cesiones parciales de derechos que firmó la administración pasada en detrimento del patrimonio de los sudcalifornianos y la economía del estado.