La Paz, Baja California Sur.- Ciudadanos se irán al amparo si el Congreso de Baja California Sur (BCS) sigue sin responder la solicitud para la revisión de la situación legal de Daniel Gallo Rodríguez, como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Esto mencionó el abogado Arturo Rubio Ruíz, quien de manera personal hizo la solicitud para que el Poder Legislativo, como garante de la constitucionalidad, revise lo que considera una violación a la Constitución de BCS que, en su caso, prevé 3 años para el cargo de presidente.

A pesar de que hay diputados que se han manifestado en entrevistas para medios de comunicación, en la posibilidad de no tomar en cuenta la propuesta, el abogado advirtió que de responder eso por escrito o no responder, habrá consecuencias legales.

“Eso no lo ha dicho el Congreso, han sido voces aisladas. Diputados a cuenta propia y en entrevistas de banqueta, no en un documento oficial, porque si eso lo dicen, exhibirían su desconocimiento de la ley, de la Constitución y lo más grave, de sus funciones”, dijo el abogado.

“Si uno me dice que no hay que aplicarla o que hay que esperarse, ese diputado me está diciendo que no conoce la ley, no conoce su función y no está ejerciendo su representatividad. Vamos a esperar el dictamen, porque esa opinión aislada es de alguien que no conoce la materia”, aseguró.

En dado caso de que esta solicitud interpuesta en diciembre de 2021, tenga una respuesta “negativa”, el recurso legal se podrá utilizar, dijo el abogado para que la justicia federal les pregunte por qué no han hecho lo conducente.

Tras presentarse diferentes protestas el pasado lunes 4 de abril, por parte del ciudadano Manuel Rangel y además, presuntamente cancelado una manifestación de trabajadores del Poder Judicial por amenazas, el abogado reiteró el mal actuar de Gallo Rodríguez.

“Vemos que cada día hay más voces que se suman a este llamado de que salga en este caso, la sociedad civil organizada […] no puede estar una persona en el poder de una manera transexenal violando la Constitución y ejerciendo de manera vertical el poder”, añadió Rubio.

“La queja principal es que, al crearse un coto de poder, ya no se ejerce con transparencia con honestidad el ejercicio de la administración de justicia es la queja que domina entre los empleados del Tribunal”, dijo.

Consideró además “absurdo” que el propio Congreso de BCS haya reducido el periodo de presidente del magistrado de 3 a 2 años, pero que permitan que Gallo “permanezca ilegalmente en el poder” 11 años de manera ininterrumpida.

“Si no hay una respuesta del Congreso vamos a tener que interpretar un amparo, vamos a tener que acudir a la justicia federal para que el Congreso nos diga por qué no ha resuelto o cuándo va a resolver lo que le estamos solicitando”, dijo el abogado.

El dictamen solicita, además, si el Congreso coincide con la postura del abogado, que inicie el “juicio de procedencia” o de "desafuero" para permitir que el Ministerio Público y órganos administrativos, puedan actuar penalmente y como proceda contra Gallo.

“Invitar a la ciudadanía a que reflexione sobre este tema y que apoye a una instancia que es imperante, si no respetamos la Constitución no estamos en un régimen de Estado de Derecho y estamos al borde de la anarquía”, finalizó.