Rodrigo Rebolledo

La Paz, Baja California Sur. En el marco de los trabajos para que la Cámara de Diputados apruebe la reforma eléctrica. El diputado federal sudcaliforniano Rubén Muñoz Álvarez afirmó que se trata de una modificación al marco regulatorio energético nacional que representará una ventana de oportunidad para la generación de energías limpias y de bajo costo en Baja California Sur.

“La reforma significa, primero el rescate de la soberanía energética, porque no queremos que suban las tarifas eléctricas. Queremos más energías verdes. Nos interesa la inversión privada pero que México tenga la rectoría en materia energética, el caso de España nos debe hoy de alertar han crecido las tarifas en más de un cincuenta y dos por ciento.  Lo que queremos es que exista una competencia sana pero que México mantenga la seguridad energética nacional. Comenzamos a partir del 11 de abril y no nos detendremos hasta que México cuente con una reforma energética para beneficio de los mexicanos”, expresó el legislador en visita en la entidad momentos antes de viajar a México para trabajar en la aprobación de la reforma.

Precisamente ayer, el documento quedó avalado en comisiones sólo con 47 votos a favor de diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), y 37 votos en contra de los diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD.

Legisladores integrantes de las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados iniciaron este lunes el proceso de discusión y votación del dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reforma, que entre sus puntos centrales, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierte en un organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control, fue planteada por el legislador como un avance hacia la generación de energía por y para los mexicanos.

La nueva ley, que será aprobada próximamente por el pleno de la LXV Legislatura, establece que “los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt cumpliendo los requisitos que establezca la CFE”.

La iniciativa plantea adicionar al artículo 4º de la Constitución que “toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente para su subsistencia”.