Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que es importante que los recursos que han sido asegurados como parte de las acciones encaminadas a evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita y no han sido reclamados, sean transferidos a la Tesorería de la Federación o al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y que ascienden a 6 mil 515 millones 508 mil 357 pesos.

Durante su participación en el foro “Qué le toca a quién”, primer congreso nacional federalismo judicial, organizado por el Poder Judicial del estado de México, Nieto Castillo habló de la necesidad de impulsar el desarrollo de Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), ya que ello permitirá detectar transacciones que beneficien a grupos delictivos.

Nieto Castillo enfatizó también la posibilidad que tienen autoridades estatales, para solicitar la colaboración de la UIF en acciones de bloqueo de cuentas con operaciones consideradas inusuales, así como en la integración de investigaciones en el ámbito de la seguridad y de las haciendas locales.

Puntualizó que estos organismos actúan de manera coordinada con la UIF y trabajan de la misma manera que lo hace la institución federal, lo que posibilita trabajar de manera concreta contra las organizaciones delictivas en delitos como la trata de personas y algunos otros ilícitos que afectan a la sociedad.

En su ponencia, denominada “LImpavado de dinero y federalismo judicial”, también mencionó que existe la posibilidad de que las autoridades locales puedan solicitar información financiera y el bloqueo de cuentas de personas que no cumplen, por ejemplo, sus obligaciones de pago de pensiones alimenticias.

En ese contexto, expuso que durante esta administración se han bloqueado cuentas que en conjunto poseen 6 mil 515 millones 508 mil 357 pesos, 339 millones 694 mil 559 dólares y 18 mil 611 euros.

Asimismo, explicó que de diciembre de 2018 al 13 de agosto de este año la UIF ha presentado 2 mil 487 denuncias ante diversas autoridades, que involucran a 224 servidores públicos, mil 82 personas morales y mil 181 personas físicas.