La Paz, Baja California Sur. En sesión ordinaria, el Congreso de Baja California Sur (BCS) desechó modificaciones al Código Penal y la Ley de Salud del Estado para permitir el aborto legal, seguro, y gratuito para las mujeres del estado.

Con ocho votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, el pleno del congreso local buscaba aprobar modificaciones al artículo 152 del código penal para aplicar sanciones de tres a seis meses de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto, pero solo después de las 12 semanas de embarazo; así como el artículo 153 que tipificaba el delito de aborto forzado como la interrupción del embarazo en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada y sus sanciones.

También iba a quedar sin efecto el artículo 154 que explica las sanciones a terceros que practique el aborto o aborto forzado, suspensión del ejercicio de su profesión y el 155 quedaría derogado.

Al dar lectura al dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y justicia y de la familia y la asistencia pública, la diputada Sandra Guadalupe Torres, justificó las medidas en base al artículo primero Constitucional que garantiza la integridad de las mujeres y su derecho a decidir sobre su salud y su vida.

Citaron información científica que avala que en el primer trimestre del embarazo, el incipiente desarrollo del sistema nervioso central del embrión sólo permite la generación de reflejos simples, pero es incompatible con la percepción de sensaciones complejas como el dolor y que la percepción no existe antes de la vigésima novena o trigésima semanas gestacionales.

Se buscaba modificar igualmente los artículos 60 y 62 de la Ley de Salud del Estado para que el acceso a la interrupción legal del embarazo sea parte esencial de los servicios de salud reproductiva de las mujeres.

El artículo 62 a modificar de la citada Ley establecía que “la interrupción legal del embarazo es el procedimiento médico que se realiza a solicitud de la mujer embarazada hasta la décima segunda semana completa de gestación” y establece que interrupción legal forma parte de la atención integral en salud sexual y reproductiva y se basa en el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva en condiciones de atención segura.

Además, se establecía que “las instituciones de salud deberán proporcionar, servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo”.

Cuando la mujer decidiera practicarse la interrupción de su embarazo, “la institución deberá efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables. Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a las mujeres solicitantes aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado”.

“No estamos a favor del aborto, un aborto se sufre, queda en la conciencia de cada persona que toma la decisión, pero que nosotros como sociedad finquemos responsabilidad penal por haber tomado la mala decisión de abortar no nos hace más buenos, más religiosos, más humanos”, expresó el diputado Humberto Arce Cordero al defender el proyecto.

La mesa directiva aprobó dispensas al trámite parlamentario y en primera lectura, a pesar de los argumentos de la mayoría de izquierda, con las abstenciones de seis diputados y el voto en contra de dos, el dictamen fue desechado por no alcanzar mayoría.

Se abstuvieron de votar la diputada Anita Peralta (PRI) y Daniela Rubio (Humanista). Votaron en contra Perla Flores (PES), Lorenia Montaño (PES), Rigoberto Murillo (Morena), José Luis Perpuli Drew (PAN), Maricela Pineda (PRD) y Elizabeth Rocha (PAN).

Faltaron a la votación Carlos Van Wormer (Morena) Ramiro Ruiz (Sin partido), Esthela Galaviz (Morena) y Soledad Saldaña (Sin partido).