San José del Cabo, Baja California Sur. Un nuevo caso de agandalle de zona costera en el municipio se suma a la situación que violenta e impide que se garantice el derecho de movilidad y libre tránsito de ciudadanos a playas del destino turístico, problemática que en los últimos años ha ido ganando terreno. 

Lo anterior fue reportado a través de redes sociales por la ciudadana de nombre Carolina Castro, quien señala que al pretender ingresar a la playa que se conoce como El Muertito se encontró con la colocación de varios metros de cerca perimetral que bloqueaban los accesos a dicho espacio. 

"El día jueves 25 de marzo fuimos a pasar el día a la costa, a la playa El Muertito, y nos encontramos que a lo largo de la costa están poniendo nuevo cerco, al preguntarle a los trabajadores que seguían cercando sobre quien les estaba mandando su respuesta fue Sánchez Navarro, cerrando las únicas entradas que quedaban y los miradores", escribió la ciudadana en la red social. 

Asimismo, dejó ver que es necesario que ciudadanos se sumen a la lucha por defender los pocos accesos a playas que existen en el municipio y evitar que continúe la privatización en franjas de arena por parte de desarrollos, concesionarios y/o extranjeros. 

"Urge visitar esas playas y hacer algo al respecto porque hasta los arroyos están cercados", agrega la publicación. 

Tras la acusación las opiniones ciudadanas no se hicieron esperar, reprobando este tipo de acaparamientos. "Gracias a un gobierno corrupto e indiferente al pueblo traicionado por gente mezquina que sólo piensa en su bienestar personas". 

"Urge la presencia del sr presidente de la República, destruyamos esos cercos, no lo permitamos, solo entradas y salidas". ¿Quién se apunta para ir a tirar cada cerco que esté en un arroyo, ya por decreto presidencial las playas son libres", fueron algunos comentarios que derivó la publicación? 

Como se recordará, a finales del año pasado el Senado de la República realizó modificaciones a la Ley de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas de México, lo cual implica multas de más de un millón de pesos a particulares que violen la misma.