San José del Cabo, Baja California Sur. Ante el clamor del pueblo cabeño de derribar el muro de protección que se encuentran ejecutando en el arroyo de Costa Azul, denominado “el muro de la vergüenza/corrupción”, uno de los integrantes del equipo jurídico de la empresa SBJG Properties, S.A. de C.V., Iván Arce Seferinos, señaló que la obra no tiene por qué parar, asegurando que cuentan con todos los requisitos necesarios para ejecutarla, además de precisar que los que están incurriendo en la ilegalidad con los sellos de clausura y suspensión de actividades son las autoridades municipales, sin dejar pasar el momento para revelar que, según la empresa, cuenta con un amparo.

“Los jueces federales ya nos entregaron un amparo en donde, efectivamente, dentro del dictamen se emitió la ilegalidad de esos sellos. No estamos trabajando de manera ilegal, todo está dentro del marco legal, y nos blinda de cualquier acto ilegal de las autoridades administrativas del municipio, porque están violentando los derechos. De manera tajante, te puedo decir que aquí, lo tajante son los sellos de clausura, porque cada autoridad que ha venido aquí para efectos de clausura y pegar los sellos ha solicitado los permisos a la empresa para el desarrollo de la obra, y se les ponen a la vista a todos”, dijo Arce Seferinos. 

Asimismo, cuestionó las verdaderas capacidades de los funcionarios públicos que en su momento aprobaron dicho proyecto: “Aquí han venido los directores a clausurar, cuando ellos mismos firmaron las autorizaciones, y es por ello que la empresa se amparó, porque son actos ilegales los de las distintas direcciones que han venido a clausurar, y es precisamente con el amparo que estamos trabajando, porque hemos acreditado una y otra vez que se cuentan con todos los documentos legales, hablando de permisos y distintas licencias que sustentan la legalidad del desarrollo de la obra, y es por esa razón que el trabajo no se ha podido detener y no tiene que detenerse, porque los actos ilegales son los de las autoridades, hasta este momento. Como funcionarios públicos, ellos deben de tener la capacidad de ver e indagar los antecedentes antes de autorizar un proyecto, por lógica, así que no se sustenta los que ha declarado la regidora Tabita y el síndico”, señaló Arce Seferinos.

El abogado reiteró que la ley los obliga a investigar antes de autorizar cualquier proyecto, indicando que, por las manifestaciones que han estado realizando, “al parecer no la hicieron o simplemente lo están negando”, puntualizando que eso habla también de la capacidad del funcionario para ocupar los cargos públicos: “Se supone que, si están ahí, tienen la capacidad, lo que han estado diciendo habla por sí mismo, autorizaron el proyecto y no fue por una sola persona”.

Arce Seferinos señaló que los trámites se iniciaron desde 2015, mismos que vienen de raíz a nivel federal, indicando que incluso antes de llegar el proyecto al municipio ya venía todo el proyecto integrado y dictaminado, además de puntualizar que la empresaria Blanca Pedrín le ha estado indicando que los documentos son falsos, por lo que dijo que le solicitó que todo ello lo plasme en una denuncia penal, precisando que se debe acreditar y que la empresa se defienda. “Este tipo de declaraciones daña la imagen de la empresa”.

El abogado reiteró en repetidas ocasiones que dicha obra no está dentro de los márgenes del arroyo, e incluso señaló que las autoridades correspondientes han acudido a verificarlo y lo han estado acreditando ante las diversas instancias. Además, aclaró que están conscientes de que el muro hacia la barrera de malla-sombra es zona federal, indicando que fue lo que les clausuró la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su momento, pero que fue autorizado por Protección Civil como medida de seguridad para evitar accidentes.

De igual manera, Arce Seferinos detalló que en su momento han presentado la licencia de construcción municipal a las autoridades, inclusive al propio director general de Planeación y Desarrollo Urbano, señalando que lo que no se les presentó fueron los documentos secundarios, para lo cual les otorgaron cinco días hábiles, dicha acción que, indicó, ya realizaron.

“Ya se presentó todo lo solicitado a las autoridades, y esto se me hace como que ya es una cuestión meramente política para que primero autoricen y luego vengan a pedir que les enseñemos la licencia, siendo que ellos mismos la autorizaron, se me hace algo irracional”, concluyó el abogado, quien no dejó de insistir en que los sellos que le han otorgado a la obra son ilegales.

Es importante comentar que el día miércoles 24 de febrero, elementos de la Conagua estuvieron acudiendo al arroyo de Costa Azul a indagar y llevar a cabo los levantamiento de las coordenadas de la zona federal, por lo que procedieron a colocar mojoneras señalando en dónde comienzan los límites de arroyo, haciendo evidente a simple vista que el muro de protección sobrepasa los límites del arroyo, sin embargo tendrán que ser las autoridades correspondientes quienes den su dictamen final.