La Paz, Baja California Sur. Acusan a la calamarera de origen chino “Longing” de retrasar por todas las vías indemnizar a 5 empacadoras mexicanas de Santa Rosalía, Baja California Sur (BCS), tras perder el juicio laboral federal 409/2010 por despido injustificado.

Actualmente existe una sentencia a su favor por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), informan, en etapa de “ejecución”, consistente en el embargo de la maquiladora y el terreno con un valor aproximado de 8 millones de pesos.

Así detallaron el abogado Iván Castro Beltrán y Gilberto Piñeda Bañuelos, del Centro de Investigaciones Sindicales y Laborales AC (Cisslaboral), representantes de las trabajadoras, para Diario El Independiente.

Castro Beltrán señaló que desde 2010 las empleadas fueron despedidas por el empresario chino Sing Hang Chan Kwong, representante de Pesquera Longing SA de CV, con “documentos oficiales”, alegando escasez de calamar.

“La corrupción que intentaba utilizar la empresa. Con documentos oficiales de autoridades decían que no había calamar en ese momento  y no podía prevalecer la materia de trabajo”, dijo el abogado. “Nosotros adjuntamos los anuarios técnicos, donde sí existía el producto y no solo había calamar, sino había subido la población de calamar en la zona, ese fue el argumento principal para que saliera a favor de las compañeras”.

Esto además de las carencias que llevaban en su jornada laboral de 12 horas, obligadas a comprar su propio material de protección (cubrebocas, cofias, guantes, cortadora) y sin pago de horas extras, dijo Gilberto Piñeda Bañuelos.

“Los salarios eran a destajo, pagándoles 30 centavos el kilo de calamar limpio, sin pago de utilidades, ni vivienda, ni ahorro para el retiro, tenían que pagar su equipo de trabajo. Eso cuando salió el despido”, detalló Piñeda Bañuelos.

La empresa promovió amparos directos e indirectos, que aseguró el abogado Castro Beltrán “salieron a favor de las compañeras”, ya que la empresa china no logró suspensiones provisionales para retrasar el embargo.

“Se inició el procedimiento de ejecución, se realizó el embargo del terreno. Aun así la empresa promovió otro amparo 491/2020 en el cuaderno 41/2020 donde está intentando retrasar la ejecución, para que no se les remate el terreno”, aseguró.

“Pero se les negó la suspensión provisional y definitiva. Jurídicamente […] hay laudo. Quedó firme por ministerio de ley, a favor de las compañeras, los amparos se les negaron entonces no hay pretexto para que ya les paguen”, añadió.

Castro Beltrán dijo comprender la “carga burocrática” de la JFCA, por lo que anunciaron procederán con el escrito de “impulso procesal” para que se cuantifiquen “nuevamente” las prestaciones y realizar el remate.