Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todo el país sostuvieron una reunión a distancia con senadores para analizar los resultados de los trabajos sobre la iniciativa de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y la reforma al artículo 116 Constitucional. 

El presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Guerra, aseguró que el equilibrio y la colaboración de los poderes, representa mucho más que una convivencia política. “Representa el ciclo en el que el poder soberano emana del pueblo y regresa al pueblo. Representa dinamismo, pan y orden”.

Agradeció al Senado por permitir la participación de los integrantes de los tribunales, ya que finalmente son las juzgadoras y los juzgadores los que aplicarán las leyes que se emitan. “Qué mejor con esa coordinación que nos escuche, que nos tomen en cuenta con los puntos de vista; ténganlo por seguro que vamos a tener una mejor impartición de justicia para todo el país”, apuntó.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado, señaló que desde el 2014, los medios alternativos de solución de controversias son una realidad en el país, sin embargo, precisó, esto sucede exclusivamente en materia penal, ámbito en el que ha dado un resultado benéfico, por lo que consideró necesario su uso en otras materias como la familiar, civil, mercantil y administrativa.

Abundó que la ley garantizará que todas y todos los ciudadanos tengan acceso al derecho humano de la justicia y, por su naturaleza, los medios alternativos de solución de controversia privilegian de manera regulada su participación en la solución de sus conflictos, sin que necesariamente tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales

El presidente de la Comisión de Justicia, del Senado, Julio Menchaca, explicó que, con la Ley General de Medios Alternativos en la Solución de Controversias, se espera propiciar un cambio de chip en la sociedad y que no todo se concentre en la demanda y saturación de juzgados.

Enrique Inzunza, magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, propuso que antes de atender los temas de la agenda de la justicia nacional, se debe fortalecer el presupuesto destinado a los poderes judiciales de los estados. 

A su vez, Martha Laura Garza, titular del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias de Nuevo León, dijo que la falta de presupuesto, de material, de recursos humanos y de espacios necesarios, podrían ocasionar un “cuello de botella” en la ap licación de este tipo de mecanismos.