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Hoy es viernes, 18 de septiembre de 2020

Revelan irregularidades en el manejo que dio el gobierno BCS al recurso federal para personas con discapacidad

De los 163 millones de pesos destinados a apoyo con personas con discapacidad en México, BCS obtuvo una bolsa de 15 millones de pesos dentro de los cuales se encontraron irregularidades en el manejo de los recursos. En Baja California Sur hay un promedio de 26 mil personas con algún tipo de discapacidad.

Revelan irregularidades en el manejo que dio el gobierno BCS al recurso federal para personas con discapacidad

Ciudad de México.- La administración de Carlos Mendoza Davis violó las reglas de operación de más de 15 millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados a favor de un programa federal para atender a personas con discapacidad.


En su más reciente reporte, que Diario El Independiente tiene en su poder, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo saber al gobernador de Baja California Sur (BCS) incurrió en una serie de irregularidades “en el ejercicio de los recursos”.


La administración de Mendoza Davis, además, evitó “disponer de una cuenta bancaria productiva para el manejo de los recursos”; registró “inconsistencias en la población objetivo beneficiada”; “no se pagaron 133 mil pesos a los terceros correspondientes por concepto de las retenciones realizadas” según indica el informe.


Por si fuera poco, “se identificaron bienes pagados (pero) no entregados por un proveedor, los cuales ascendieron a 71 mil pesos, más 11 mil pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales fueron reintegrados, junto con los intereses generados, a la Tesorería de la Federación (Tesofe) el 9 de enero de 2020”.


De esta forma, el gobierno de la entidad debe subsanar el quebranto a la nación a través de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, que dirige Gustavo Hernández Vela Kakogui, y del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que dirige Teresita Sarahí Verdugo Logan.


Los recursos aprobados por los legisladores federales —advierte la ASF en su auditoría de cumplimiento (2018-1-12NHK-19-0206-2019 206-DS)— están sujetos a “reglas de operación” alineados al Programa Nacional de Desarrollo.


Según las reglas, ambas instancias deben atender y prevenir a las personas con discapacidad, así como formar recursos humanos para observar la discapacidad a través de Centros, Unidades Básicas, Unidades Móviles y Centros de Rehabilitación Integral. 


A través de los medios de comunicación, deben realizar acciones a favor de la salud y anteponer la prevención de la discapacidad; perfilar acciones de infraestructura, así como acciones de equipamiento, tales como remodelación, construcción y operación.


Están obligados a promover la inclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad. “Este programa es de suma importancia”, ya que busca promover políticas públicas en materia de discapacidad, de inclusión plena y efectiva de personas con alguna discapacidad”, resalta la ASF.


Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a México con 5 millones 739 mil personas con una discapacidad. En Baja California Sur, el porcentaje de la población que enfrentan una discapacidad es de 0.5 por ciento, es decir, unas 26 mil 816 personas, universo formado por 14 mil hombres y casi 13 mil mujeres.


Para este programa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó 177 millones de pesos; de los cuales, 4 millones de pesos se destinaron a material y suministros; 3 millones a servicios generales y los 169 millones restantes fueron transferidos a las 32 entidades para ejecutar los proyectos señalados.


De esta bolsa económica, 163 millones de pesos fueron entregados a cada oficina estatal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a principios de 2018 por la SHCP, de los cuales BCS obtuvo una bolsa de 15 millones de pesos.


La ASF realiza —de manera constante y aleatoria— auditorías para comprobar el destino de los recursos que aprueba la Cámara de Diputados a secretarías de Estado y, gobiernos que reciben aportaciones desde la federación.


En caso de encontrar irregularidades en el proceso del uso de los recursos, la ASF está obligada a presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de República (FGR) ante posibles actos que dañan el patrimonio nacional.