La Paz, Baja California Sur.- La noche de este domingo 7 de junio, el área de comunicación de los 8 diputados conocidos como oposición emitió un boletín donde informa que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en análisis del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano relativos al expediente SUP-JDC-724-2020, otorgo medidas de protección a favor de las y los diputados Daniela Rubio Avilés, Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Perla Flores Leyva, Anita Beltrán Peralta, Elizabeth Rocha Torres, Maricela Pineda García, José Luis Perpuli Drew y Rigoberto Murillo Aguilar. 

La resolución tomada por unanimidad, con fecha viernes 5 de junio del presente año, analizó el gran número de violaciones de una mayoría legislativa en el Congreso de BCS, a la constitución federal, tratados internacionales, leyes federales, y ordenamientos locales. El ponente de la resolución, fue el Presidente de la Sala Superior Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 

Las medidas de protección fueron las siguientes: 

1.- Se ordena que el Congreso del Estado de Baja California Sur, que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia política y acciones discriminatorias en contra de los 8 diputados. 

2.- Los Diputados de Morena, PT y sin partido, así como cualquier miembro del Poder Legislativo, deberán de abstenerse de impedir el ingreso a los 8 diputados a las instalaciones del Poder Legislativo. 

3.- Se ordena la asignación de escoltas, vigilancia y protección a los 8 diputados por parte de las autoridades locales. 

En sus razonamientos, la Sala Superior, mencionó que esas medidas de protección son complementarias a las que otorgo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha 29 de mayo de 2020, en el Incidente de Suspensión formulado con motivo de la Controversia Constitucional 84/2020 interpuesto por el Poder Ejecutivo en contra de actos del Poder Legislativo. 

Es decir, ya no se pronunció sobre otras medidas solicitadas por los Diputados demandantes, en razón de que la Suprema Corte de Justicia ya se las había concedido, al suspender todos los actos realizados por la legislatura después de la suspensión de la sesión ordinaria y de los trabajos legislativos, que realizo la Diputada Daniela Rubio Avilés en su carácter de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado el martes 17 de marzo de 2020. 

Tales como, la ilegal destitución de la Diputada Daniela Rubio Avilés como Presidenta de la Mesa Directiva, la ilegal suspensión de ocho diputados a sesionar y el ilegal llamado a sus suplentes, y la indebida incoación de juicio político en contra de 8 diputados, así como de todos los actos que se derivaron de las sesiones llevadas a cabo por los Diputados de Morena, PT y sin partido desde el 17 de marzo al 2 de junio del presente año. 

Con esta resolución, los máximos órganos de justicia del país, como son, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirman que los diputados de MORENA, PT y sin partido, cometieron violaciones graves a derechos humanos, y político-electorales, aderezado con violencia y violencia política, en contra de los 8 Diputados de los partidos del PAN, PRD, PRI, Partido Humanista y Partido Encuentro Social. 

Se espera que el Tribunal Federal Electoral haga la notificación correspondiente, luego de lo cual correrá un plazo de 24 horas para que el Congreso de Baja California Sur informe el cumplimiento de dichas medidas cautelares.

“Nosotros los esperamos el martes a sesionar como normalmente lo hacemos”, dijo el morenista a este matutino.

Recordó que en la reanudación de la sesión del pasado 17 de marzo, no se presentaron los 8 diputados que volvieron de la suspensión, pero en una sesión con quórum de 13 diputados, se nombró nuevamente presidenta a Mercedes Maciel Ortiz del Partido del Trabajo (PT).

“Estamos acatando lo que dijo la corte en el acuerdo, repetimos la asamblea del 17”, añadió el diputado Humberto Arce.

Acusó nuevamente al gobernador de valerse de “mentiras” ante la sociedad, diciendo que la corte le “dio la razón”, cuando solamente se