La Paz, Baja California Sur.- El gobernador de Baja California Sur (BCS), Carlos Mendoza Davis, emitió anoche un mensaje a los sudcalifornianos para informarles su desconocimiento a los acuerdos, decretos y leyes que emanen del Congreso de Baja California Sur (BCS).

Esto será hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia por su legalidad, lo que no sucederá hasta después del 30 de abril, cuando finaliza la Jornada Nacional de Sana Distancia, de acuerdo a información oficial.

El mandatario señaló que hasta entonces “no ordenará” promulgar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE) ninguna de sus resoluciones, ya que según dijo “no existe claridad de cuáles actos son legales” entre 2 grupos de diputados.

Sentenció que el Poder Legislativo tiene “2 mesas directivas” en referencia a los 8 diputados titulares de oposición sustituidos, encabezados por su presidenta, diputada Daniela Rubio Avilés y también a los 13 diputados titulares en funciones encabezados por la diputada Mercedes Maciel. 

“Al mismo tiempo mucho más de 21 legisladoras y legisladores, que fueron electos en el pasado proceso electoral. Hay duplicidad de comisiones, cargos y de funciones por lo tanto este hecho es a todas luces ilegal, afectan de nulidad los actos que se desprendan”, señaló Mendoza.

Manifestó dos posibles “supuestos” para permitir de nuevo la publicación de los decretos: El primero, que la SCJN diga qué grupo tiene la razón; el segundo, el cual consideró “el deseable”, es que los 21 diputados titulares electos “privilegien el diálogo y lleguen a acuerdos”.

“Mientras uno de estos dos escenarios no ocurran, no hay condiciones de certeza y legalidad para dar fuerza legal a los actos de uno o de otro, por ello he decidido actuar en consecuencia para proteger a las y los ciudadanos de BCS”, expresó.

“Actuar de otro modo sería irresponsable pues el ejecutivo validaría actos posiblemente ilegales que estarían afectados de nulidad, agravarían estado de emergencia que sufrimos”, señaló.

Esto ocurre en medio de las acusaciones de injerencia del Poder Ejecutivo dentro del Poder Legislativo, llevadas ante la SCJN por 13 diputados de Morena tras la presencia de la Policía Estatal durante recientes cambios hechos a su estructura legislativa interna.

“Las familias sudcalifornianas están afligidas por doble emergencia, de salud, económica, no podemos ser insensibles, irresponsables, añadiendo un componente político a la delicada situación que vivimos. Como si no tuviéramos ya suficiente”, finalizó.

Finalmente adelantó que posiblemente seguirá tomando “decisiones difíciles” por la emergencia sanitaria COVID-19, que inclusive quizá demanden “la colaboración del Congreso”, por lo que les pidió “jalar para el mismo lado”.