La Paz, Baja California Sur.-  La vía pública de la ciudad capital se ve opacada  por diversas obstrucciones que son permitidas por las autoridades, por el pago de un permiso especial o por desconocimiento de la ley.

El permitir que los negocios utilicen la banqueta como una extensión del negocio, ya sea por omisión o complicidad, es una falta de las leyes establecidas para erradicar la discriminación en el país, exponen activistas especialistas en materia de movilidad. 

Cristina Ortuño Villaseñor,  representante de la asociación Pies, Cabeza y Corazón,  parte de “la insoslayable situación” de  que las banquetas son espacios públicos. Agrega que cuando las autoridades hacen caso omiso a este principio, contravienen a cosas básicas como los derechos humanos.

“Cuando una autoridad, que tiene por ley, la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, sucede que está cometiendo un acto de discriminación y la discriminación es penada”, explicó Cristina Ortuño a Diario El Independiente.

“Es directamente violencia y no solamente vial, porque me parece que al ser violatorio de los derechos fundamentales, y uno de ellos es vivir y transitar por la ciudad con dignidad, al no permitirse esto ya se ejerce una violencia”, menciona.

Las obstrucciones en las banquetas se traducen, según la experta, en  “un síntoma de algo que nunca ha sido ordenado, pero tampoco se ve voluntad para comenzar a ordenarse”.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el artículo XXII, establece que será considerada discriminación la falta de accesibilidad  en el entorno físico, transporte, información, tecnología y comunicaciones.

También el Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso o libre desplazamiento, en los espacios públicos.

La Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur, establece en el Artículo 10 será causa de responsabilidad administrativa, los actos u omisiones de carácter discriminatorio en que incurran los servidores públicos estatales y municipales, por lo que serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado.

Ortuño Villaseñor expuso que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no tiene capacidad de vigilancia, sin embargo,  existen mecanismos de monitoreo  que podrían aplicarse en una problemática como esta. 

La titular del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), Ana María Apodaca, compartió que el 30%  de las muertes  en accidentes son  peatones. 

En muchas ocasiones, según registros de instancias y asociaciones, los transeúntes se ven obligados a bajar de la banqueta por dichas bloqueos lo que ocasiona siniestros viales con consecuencias fatales.

“Es bastante riesgoso. Hoy en día tenemos que empoderar más al peatón, tenemos que protegerlos porque al final de cuentas son los usuarios más vulnerables de las vialidades”, informó Ana María Apodaca a Diario El Independiente.

“No podemos arrojar al peatón hacia la calle porque no tenemos una banqueta digna o porque establecemos un negocio en la calle o porque estacionamos los coches en las banquetas”,  expresó.

En el inicio de la administración de Rubén Muñoz se hablaba del interés de regular esta problemática en La Paz, sin embargo, este tema no está en la agenda del Ayuntamiento.

Tanto el área Comercio, el alcalde y los mismos empresarios han confirmado que el uso de la banqueta como extensión de negocios se seguirá implementando a través del cobro de impuestos.