• David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (centro), realizó ayer la tercera entrega a la Cámara de Diputados de Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
Durante el último año de gobierno del priísta
Enrique Peña Nieto –marcado por el proceso electoral– la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) observó que presuntamente se utilizaron de forma irregular
144 mil 430 millones de pesos del gasto federalizado (presupuesto dirigido a
los estados, que para la cuenta pública 2018 ascendió a más de un billón 700
mil millones de pesos). Las cuatro entidades con mayor monto observado son:
estado de México, 22 mil 414 millones de pesos; Tamaulipas, 13 mil 326.7;
Puebla, 10 mil 89.6, y Chihuahua, 8 mil 361.1 millones.
Así lo planteó ayer en la Cámara
de Diputados el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, al realizar la
Tercera Entrega de Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
En el salón Legisladores, ante
integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior
de la Federación indicó que con relación a los beneficios económicos de la
fiscalización, hasta el día de hoy las recuperaciones operadas de la cuenta
pública del año anterior ascienden a 9 mil 808 millones de pesos.
Agregó que cuando la instancia a
su cargo ha detectado indicios de corrupción, no ha vacilado en
denunciarlos, coordinándose eficazmente con la Fiscalía Anticorrupción de la
Fiscalía General de la República (FGR), para que se procure justicia efectiva
y, de ser el caso, se sancione a los responsables con todo el peso del estado
de derecho.
Colmenares Páramo subrayó que la
ASF trabaja de manera coordinada con la FGR en diversas denuncias por daño al
patrimonio público, en los procesos judiciales que se siguen por las presuntas
irregularidades cometidas en el sexenio pasado por ex servidores públicos de
las entonces secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y
de Desarrollo Social (Sedesol), caso conocido como la estafa maestra, y
por el que está siendo procesada la ex titular de esas dependencias, Rosario
Robles.
De igual forma, el órgano
fiscalizador ha trabajado en auditorías de administraciones anteriores de
Petróleos Mexicanos (Pemex), donde han surgido casos que han ofendido a
todos los mexicanos por las graves señales de malos manejos, de abusos y
corrupción, indicó.
La semana pasada fue detenido en
España el ex titular de la empresa del Estado Emilio Lozoya Austin, quien
enfrenta un cúmulo de acusaciones por probables actos de corrupción cuando
estaba al frente de ésta, y quien se econtraba prófugo de la justicia mexicana
desde mayo de 2019.
Indicó que respecto de la cuenta
pública 2018, se realizaron 872 informes individuales que, aunados a los
rendidos en las primeras dos entregas (la de junio pasado, con 268, y la de
octubre, con 668), suman un total de mil 808.
Adicionalmente, se practicaron
ocho auditorías derivadas de solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales
en curso o anteriores, al amparo del título cuarto de la Ley de Fiscalización,
así como ocho estudios y seis evaluaciones de políticas públicas.
También se refirió al proceso de
renovación y actualización de la ASF, en particular con el uso de nuevas
tecnologías, a fin de adecuar su estructura de acuerdo con los nuevos desafíos
y con ello agilizar los procesos de fiscalización e, incluso, realizar
auditorías en tiempo real, es decir, antes de que se cometan irregularidades e
ilícitos.
Adelantó que respecto de la
cuenta pública 2019 –la del primer año de gobierno de Andrés Manuel López
Obrador– se han firmado convenios por ejemplo con la Secretaría de la Defensa
Nacional para revisar de manera preventiva grandes proyectos de interés, como
el nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía.
De igual forma, agregó, se
verificarán el proyecto de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, la refinería
de Dos Bocas, el Tren Maya, las compras realizadas por la Oficialía Mayor de la
Secretaría de Hacienda, el programa de estancias infantiles, el Consejo de la
Judicatura Federal, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional
de Migración, entre otros.