La Paz, Baja California Sur.- De nueva cuenta revive el conflicto entre los líderes saliente y entrante del Sindicato de Burócratas sección La Paz, Eduardo Valdez y Mauricio Higuera Cota, luego de apercibirlo para acudir a una asamblea general convocada para hoy a las 11 de la mañana a dar su “rendición de cuentas”. 

Higuera emitió el pasado 30 de octubre una “notificación personal” a Valdez, señalando su “indispensable” presencia para transparentar su manejo de cuotas sindicales, seguro de mutualidad sindical, apoyos extraordinarios, caja de ahorro, becas, apoyo a deporte y lentes. 

“Fue imposible localizaros en los últimos 3 días en sus áreas de trabajo, domicilios sin tener éxito. La idea es que rindan cuentas del manejo y destino de esos recursos”, señaló el líder seccional. “De no presentarse se tomará en cuenta como una negativa y será turnado a nuestro máximo órgano de gobierno, que es la asamblea”, dijo Mauricio Higuera Cota en el comunicado. 

En entrevista para Diario El Independiente, Eduardo Valdez adelantó que no acudirá ni caerá en “provocaciones” ante la “estrategia extralegal” de Higuera Cota para confundir a la base, ya que el punto ni siquiera está considerado en el orden del día. 

Lo acusó de actuar bajo influjos de una posible derrota jurídica por la “usurpación” de su cargo sin una entrega recepción. Advirtió que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar en la Quinta Región ordenó reponer el procedimiento de amparo indirecto 1292/2018 al juez segundo de distrito; este último con sede en La Paz, dejó sin efectos el juicio contra la “toma de nota” de Mauricio Higuera Cota. 

Informó que el próximo 11 de noviembre Higuera comparecerá en audiencia constitucional para determinar la validez de su nombramiento, dado bajo un proceso interno convocado “ilegalmente” por Edgar Guillermo Hernández Flores, entonces secretario del interior “en funciones” de secretario general estatal del Sindicato de Burócratas “sin tener facultades”. 

Todo lo anterior con el aval del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Estado y su presidente, Ricardo Alberto Díaz Carrasco, quien legitimó “tomas de nota” de líderes seccionales en los 5 municipios, violando los amparos previos contra Edgar Hernández como dirigente estatal. 

Respondió a Higuera que, como presunto secretario general, debió haber transparentado a la asamblea de trabajadores las presuntas “irregularidades” desde la primera asamblea como líder tomar decisiones como apercibirlo para acudir a comparecer. 

“Que aclare bien, no debió haber citado sin poner de conocimiento lo que quiere que aclare y que la base decidiera comparecencia no él. Debió hacer un diagnóstico y entregar la primera asamblea para ser votado”, dijo Valdez para Diario El Independiente. “Es una cortina de humo ante sus nulos resultados a la base y representación, hay muchos incumplimientos del Gobierno del Estado en prestaciones, incumplimiento de condiciones generales de trabajo, prestaciones que se han quitado. Ha tenido muchos reclamos”, añadió. 

Recalcó que Higuera Cota tomó las instalaciones del sindicato “arbitrariamente” sin un acta de entrega recepción y señaló que inclusive las cuentas bancarias le fueron retiradas “sin avisar” a pesar del procedimiento jurídico. Por lo anterior dijo haber interpuesto queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 

“Cita el artículo 107 sobre el patrimonio del sindicato, dice claramente el 107 que el comité saliente deberá recibir del entrante los fondos y no podría entregarlos, el banco indebidamente nos las quitó y se las entregó sin avisar a pesar de una suspensión definitiva”, dijo Valdez. “Que deberé entregar bienes muebles e inmuebles, pero son los edificios que tomaron a la fuerza. Sobre lo que dice de las cuotas y mutualidad, estaturiamente lo di a conocer en mis asambleas, fueron votados por la gente y registrados en el Tribunal”, añadió. 

Agregó que para continuar el juicio contra Mauricio Higuera solicitó una licencia sin goce de sueldo durante 15 días, por lo que no ha acudido a laborar y mantendrá la lucha jurídica por la recuperación del sindicato.