• Por errores de comunicación de la dependencia se ha equiparado la defraudación fiscal, en beneficio de terceros, con la delincuencia organizada.
Ciudad de México. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) tiene ubicadas a 2 mil 800 empresas dedicadas a lavar dinero a través de
facturas falsas, cuyo desfalco el erario –en conjunto- alcanza los 290 mil
millones de pesos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reunió el
miércoles pasado con un grupo de diputados que integran la Comisión de Hacienda
en San Lázaro, y del encuentro se concluyó que la autoridad fiscal ha incurrido
en fallas de comunicación al no saber permear sus mensajes entre los
ciudadanos.
Esa carencia, a la hora de trasmitir el
mensaje de la autoridad fiscal, entre los sectores sociales y económico del
país, le ha acarreado a la administración federal reproches y críticas, en
diversos temas, el último referente a la minuta del Senado con reformas al Código
Penal Federal, en materia de facturas falsas, y por lo cual se equipará la
defraudación fiscal con el delito de delincuencia organizada.
Así, del encuentro entre los representantes
de los partidos y el funcionario hacendario, se desprende que la SHCP y la
Procuraduría Fiscal han encontrado –a la fecha- las dos mil 800 empresas
factureras dedicadas a defraudar al fisco, mediante la instrumentación de una
ingeniería financiera que se sustenta en el uso de esos documentos, para
beneficiar a terceros, constituyéndose el delito de delincuencia organizada.
El monto del desfalco hasta ahora detectado,
por 290 mil millones de pesos, representa el 40 por ciento de lo que la
autoridad hacendaria considera, podría sumar en total, cada año, los 800 mil
millones de pesos.
Reginaldo Sandoval, coordinador del PT,
expuso que la minuta del Senado no perjudicará las transacciones, a través del
uso de facturas, que se encuentren debajo del umbral de los 10 millones de
impuestos. También, adelantó que el documento no será modificado porque es una
herramienta indispensable para enfrentar la cultura del desfalco fiscal.
El michoacano adujo, que se han detectado
fallas en la emisión del mensaje, tanto que los empresarios se han quejado con
el mismo presidente de la República: “A la Secretaría de Hacienda le falla la
comunicación porque se ha filtrado la idea de que hay terrorismo fiscal. Y
tenemos dificultades porque del otro lado hay una falsa percepción que es
alentada por el sector de factureros que obtienen ganancias multimillonarias,
son 290 mil millones de ganancias, y de ahí que tengan una gran influencia
entre algunos medios de comunicación”.
Por otra parte, al continuar el parlamento
abierto entre la Comisión de Hacienda y representantes de cámaras empresariales
y especialistas en materia fiscal, los diputados desairaron el encuentro. Solo
tres se presentaron la presidenta del grupo de trabajo, Patricia Terrazas,
Reginaldo Sandoval del PT y Antonio Ortega. El resto brilló por su ausencia,
cuando el parlamento abierto se ha ofrecido como la respuesta democrática a la
elaboración de leyes.
Fue el petista quien puso el dedo en la
llaga, al considerar que “nuestro sistema jurídico está basado en la
desconfianza y nuestras leyes siempre van en la ruta de tapar caminos de
ilegalidad, pero lo que se busca es desarmar el engranaje de la corrupción en
todos los ámbitos. Se tienen plenamente identificadas pérdidas por 290 mil
millones de pesos por el tema de facturas falsas de empresas; hay que ir contra
los delincuentes y a los contribuyentes no hay que tocarlos”.
A pesar del desdén de los diputados, en el
parlamento abierto devino una oleada de críticas a la propuesta de castigar a
las factureras, no obstante, se evidenció que, de la ubicación de éstas, la
SHCP ha detectado un hoyo financiero de 290 mil millones de pesos, lo que
equivale a un punto del Producto Interno Bruto.
Por American Chamber, Luis del Valle se dijo
preocupado porque delitos del ámbito fiscal se puedan juzgar como los cometidos
por el narcotráfico o el crimen organizado. “El narcotráfico es una empresa sui
géneris no un negocio instituido, sino de células que aparecen y desaparecen,
no como un pequeño o grande contribuyente que sí está totalmente establecido;
por ello, no parece viable aplicar la misma norma”.
En representación de la Federación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Industria y Servicios, Octavio de la Torre, si bien
respaldo el combate a la venta de facturas falsas y coincidió en que se
considere como un acto de defraudación y que sea estime como delincuencia, pero
será relevante, dijo, distinguir al que vende con el que compra dichas
facturas. “Adquirir ese tipo de documentos sí constituye un delito fiscal, pero
no se equipará a un hecho de delincuencia organizada”.
Y el presidente del Colegio de Contadores
Públicos, Ubaldo Díaz, afirmó estar en contra de cualquier práctica indebida.
“Es imperante fortalecer la integridad de las empresas para combatir el flagelo
que es la corrupción”. No obstante, estimó que se platean sanciones
desproporcionadas con cargas administrativas y altos costos que, incluso,
complicará el proceso de análisis por parte de las autoridades”.
Para el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, a través de Rodolfo Servín, la reforma propuesta en el Código Fiscal
de la Federación lejos de traer una simplificación administrativa del sistema
tributario lo hará complejo de cumplir, no sólo para el asesor fiscal, sino
para el contribuyente, lo cual podría disminuir la tributación. Apuntó que es
importante analizar el artículo 31-A, pues de lo contrario se pondrá en jaque a
los pequeños y medianos industriales.
Y de plano, por la Asociación de Bancos de
México ABM, Jorge Gaxiola indicó que la recomendación sería que las personas
nunca sean directores generales de una empresa, porque es tan compleja la
regulación fiscal que trata como “enemigo a los inversionistas”. El Estado debe
dar certidumbre en el sistema fiscal que le aplican al 42 por ciento de la
población activa, de lo contrario el resto no tendrá incentivos para entrar a
la formalidad, dijo.