La Paz, Baja California Sur.- Buscará el Ayuntamiento de La Paz conducirse con “prudencia” y no señalar “culpables” para las denuncias contra la pasada administración.

Esto dijo el presidente municipal, Rubén Muñoz Álvarez, sobre los procedimientos abiertos por la Contraloría Municipal contra exfuncionarios de la gestión del panista Armando Martínez Vega.

“Tiene que ver con las implicaciones legales de algunos de los procedimientos. Hoy la ley nos obliga a no declarar culpables hasta que no sea señalado por la autoridad”, señaló el alcalde.

“Para evitar afectación de derechos a terceros lo que se quiere es prudencia”, agregó.

Al ser cuestionado por el regidor José María Avilés Castro, sobre la ratificación de la responsable legal del Ayuntamiento, la síndica municipal, Martha Páez Osuna.

Esto debido a que estas denuncias penales fueron firmadas solo por la contralora, Azucena Meza Gómez, lo que señalaron como un procedimiento incompleto.

“Las va a ratificar en cuanto tengamos la reunión de evaluación con Contraloría […] pero tenemos los procedimientos legales en tiempo y forma”, indicó.

La contralora municipal, Azucena Meza, interpuso 10 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

8 de estas denuncias fueron por la construcción de 8 pozos de agua en la administración de Armando Martínez, obras que fueron ejecutadas a pesar de que estudios técnicos demostraban que no era factible realizarlas por falta del vital líquido.

Otra denuncia se interpuso por daño patrimonial por la compra a sobreprecio del terreno que se utilizó para instalar el panteón Perlas del Paraíso.

Según la contralora, este predio tenía un precio de 3 millones de pesos aproximadamente, sin embargo, el Ayuntamiento de Armando Martínez compró el terreno por 13 millones de pesos.

Por simulación de actos jurídicos, otra denuncia fue interpuesta por la contralora municipal.

Según la funcionaria, casi al concluir la administración del XV Ayuntamiento se realizó una compra de equipo de cómputo y software por un valor de 2 millones 60 mil pesos, sin embargo, las herramientas no aparecen.

Tras las denuncias interpuestas, el alcalde dijo confiar en las autoridades correspondientes para que actúen conforme a la ley.