La Paz, Baja California Sur.- Al hacer un llamado al diálogo para construir la unidad que pide el pueblo, a la defensa de la honestidad, justicia y democracia, la diputada María Petra Juárez Maceda del distrito VII, rindió su primer informe de trabajo legislativo y de gestión, reiterando su rechazo a las viejas formas de hacer política y asegurando que no abandonará el proyecto de la cuarta transformación. 

Reconoció que MORENA ya no es mayoría en el Congreso, no obstante expresó “tenemos que aprender de nuestros errores, de nuestra inexperiencia, siendo fieles a los anhelos y a la esperanza que tiene el pueblo de Baja California Sur de un cambio”. 

Ante habitantes de las colonias Santa Rosa, El Zacatal, Vista Hermosa, Villas de Cortez, Monte Bello y Puerto Nuevo y ciudadanos en general de San José del Cabo, destacó de su trabajo legislativo la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas así como la Población afromexicana que habita en el Estado de Baja California Sur y con esta Ley también se creó la Comisión Estatal para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas, así como los Consejos Estatales y Municipales Indígenas y Afromexicanos. 

Puntualizó que a iniciativa suya ya existe una Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el estado de Baja California Sur y con ésta, se crearon la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y el Consejo Ciudadano, donde familiares de personas desaparecidas podrán participar y de esta manera el estado se integrará al sistema nacional de búsqueda de personas. 

La diputada por el distrito VII dio cuenta de todos los puntos de acuerdo, así como iniciativas presentadas por ella y en conjunto como grupo parlamentario de Morena, congruentes con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Juárez Maceda, informó sobre sus actividades de gestión que forman parte del trabajo de un diputado, destacando la instalación de la oficina de apoyo a la gestoría en todos aquellos asuntos de carácter social, y legal, como lo fue el caso de cerca de cien jornaleros agrícolas pertenecientes a una comunidad indígena, asentada en el Valle de Vizcaíno, quienes fueron despedidos de manera injusta y cuyo proceso se logró solucionar satisfactoriamente en el pasado mes de junio. 

Cabe señalar que en esta oficina, se reciben y atienden a quienes acuden para gestionar apoyos, y ha sido a través de las diversas instancias municipales, estatales y federales como se ha logrado que las personas obtengan los beneficios para subsanar su necesidad prioritaria. 

La representante popular aclaró que renunció a bonos y privilegios, tal como lo marca la austeridad republicana y en congruencia con los principios de la cuarta trasformación.