OAXACA.- Acorde con el compromiso del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) esta madrugada salieron del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Jalisco, un profesor y tres activistas, considerados presos políticos del movimiento social de Oaxaca.

Se trata de Lauro Atilano Grijalva Villalobos, profesor de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los activistas Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos y Damián Gallardo Martínez, presos por supuestamente participar en el secuestro de los hermanos Álvarez Benfield, sobrinos del empresario, Gerardo Gutiérrez Candiani, ocurrido en 2013.

Libramos una cruenta batalla por la libertad durante cinco años y ocho meses, de desvelos, de coraje, impotencia, rabia. Pero eso sí mucho temple y fuerza de voluntad para estar casi en el piso y volvernos a parar y mirar de frente para estar a la altura de las necesidades y circunstancias”, exponen en una carta colectiva, difundida por la esposa de uno de los recién liberados.

En la misma definen este viernes como “el gran día que vimos, la luz y salimos de las tinieblas del duro proceso carcelario”, agregaron, “que hoy se escribe una página más en la historia de este México donde las reformas estructurales fue el terrible cáncer que invadió nuestra nación, que llevó a nuestros compañeros a presión”.

La reciente liberación se suma a la Mario Olivera Osorio, de la Sección 22 del SNTE, en abril del 2017, también detenidos por el mismo delito por las fuerzas federales en la ciudad de Oaxaca.

Del 17 de mayo de 2013 a la fecha, la CNTE lleva exigiendo la liberación de los profesores , así como de los activistas integrantes del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca.

En sus movilización la gremial disidente sostuvo que las detenciones tenían un interés político de desprestigiar y criminalizar la lucha social de la sección 22 y otras organizaciones en contra de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Documentó que activistas y mentores fueron torturados física y sicológicamente por las fuerzas federales. Después fueron trasladados al entonces Distrito Federal, donde estuvieron incomunicados y, posteriormente presentado como presuntos secuestradores.

Resaltaron que con la detención de sus compañeros el Estado mexicano pretendió negar el derecho a disentir y el respeto a las maltrechas garantías constitucionales, pues los acusados no incurrieron en algún delito.