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Ante irregularidades y desvíos, “tiene que haber responsables”: Congreso

lunes 01 octubre 2018 | Por: Ivan Gaxiola Beltran | La Paz Ante irregularidades y desvíos, “tiene que haber responsables”: Congreso

La diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos prometió transparencia en el escrutinio de las cuentas públicas de gobiernos e instituciones descentralizadas 

La Paz, Baja California Sur.- La diputada Milena Paola Quiroga Romero, presidenta de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso del Estado, reconoció que los servidores públicos sudcalifornianos han tenido malas prácticas al momento de ejercer sus funciones, prometiendo que de ahora en adelante, con la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el parlamento estatal, esos funcionarios incompetentes se enfrentarán a consecuencias.


“Algo muy importante, la ciudadanía está siendo muy participativa, y el compromiso de nosotros con los ciudadanos es el tener transparencia […] Sabemos que tenemos una práctica mala, por eso la gente eligió cambiar, y de manera rotunda, porque quieren que las cosas sean diferentes y nosotros estamos comprometidos con que tiene que haber responsables”.


En ese sentido, Quiroga Romero celebró la iniciativa presentada por su homólogo, el diputado Homero González Medrano, quien propone crear una Unidad de Evaluación y Control que supervise los trabajos de la Auditoría Superior del Estado, para que así se cumpla a cabalidad con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Las sanciones por incumplir como funcionario ya existen, recordó Milena Paola Quiroga, “el tema es que no se aplican”, destacó: “vamos a hacerlas valer, las leyes ya están”.


Por último, la presidenta de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos  adelantó que el Congreso del Estado ha recibido ya dos paquetes de cuentas públicas, sin embargo no supo precisar a qué instituciones pertenecen.


Cabe recordar que en 2012 el diputado de la entonces fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, dio a conocer que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado interpuso una denuncia penal en contra de la dirigente estatal en esos momentos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosa Delia Cota Montaño, cuyo número de averiguación previa era LPZ-74FTB-202-2012, por falta de comprobación de gastos durante su último año de ejercicio como presidenta municipal de La Paz. Dicha denuncia no prosperó. Ibarra Montoya diría que la administración de la hoy experredista “no solventó observaciones por un monto de trescientos ocho millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos”, y subrayó que “la revisión arrojó doscientas seis observaciones, de las cuales ochenta y uno son de ingreso, noventa y ocho de egreso y veintisiete de obras”. Cota Montaño respondió que sí se habían solventado “algunas cosas” y que las observaciones eran “irrelevantes”, además de que quienes perpetraron la acción en su contra, aseguraba, llevaron a cabo un “abuso del derecho que les da la ley para poder llevar a cabo esa denuncia penal”.


Después, en 2013, Ibarra Montoya presentó denuncias penales contra la administración del presidente municipal de Mulegé, Guillermo Santillán Meza, luego de que su administración no solventara ni una sola observación hecha a sus cuentas públicas. El presidente del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado acusó a Santillán Meza de no contar con bitácoras de sus gastos, presentar facturas mal elaboradas, incrementar sueldos sin autorización del Cabildo y otorgar viáticos sin documentos comprobatorios. Aseguró que ni el Ayuntamiento ni el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) resolvieron observaciones por más de 100 millones de pesos de la contabilidad del año 2012. Tampoco hubo mayores consecuencias.


En 2014, Ibarra Montoya manifestó que la falta de resultados ante las denuncias presentadas por él en contra de funcionarios y exfuncionarios, así como en un sinnúmero de casos, se debe a una “mafia” imperante en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde “las denuncias se atrasan por años”, dijo, a los policías se les controla con “mordidas” y buena parte de los ministerios públicos “son corruptos”.