La Paz, Baja California Sur.- El gobierno de Los Cabos encabezado por el panista Arturo de la Rosa Escalante compró motobombas, estufas, ordeñadoras, cercos, refrigeradores, tanques y baños de un fondo para atender a personas en pobreza extrema, pero estos no fueron a dar a dicha población con carencias, de acuerdo con una auditoria federal. 

Según la auditoría financiera con enfoque de desempeño 592-DS-GF realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el Ayuntamiento de Los Cabos recibió 41.3 millones de pesos, del cual malgastó poco más de la mitad.

Sobresalen 19 obras y acciones por 17 millones que debieron ser entregadas a personas en extrema pobreza o bien haber beneficiado a personas con carencias, pero de acuerdo con los auditores federales, esto no ocurrió. 

Por ejemplo el ayuntamiento construyó 100 recámaras adicionales con baño en Cabo San Lucas, 20 más en La Ribera, 20 en Miraflores y 20 en Santiago, pero las personas beneficiadas no estaban en zonas de atención prioritarias (ZAP) definidas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 

Con dinero de dicho fondo también se pagó la construcción de 40 baños con biodigestor y la ampliación de la red de distribución eléctrica de la supermanzana 8 de la colonia Vista Hermosa Plus y para pavimentar las calles Francisco I. Madero y Guadalupe Victoria en San José Viejo, estos dos últimos lugares, lejos de ser zonas donde viven personas con carencias extremas. 

El gobierno municipal también compró motobombas, estufas, ordeñadoas, desplumadoras, extractores de miel, refrigeradores solares, tanques nodriza de 2 mil 800 litros, paquetes de cerco perimetral, sistemas fotovoltaicos, módulos para pollos, módulos de cría de chivas y tanques cisterna de 5 mil litros, que según un boletín del ayuntamiento, fueron entregados a rancheros en La Cieneguita, La Caldelaria, Palo Escopeta, El Ranchito y Boca de la Sierra, entre otras comunidades. 

Sin embargo, los auditores federales no pudieron comprobar con documentos que dichos apoyos hayan sido entregados a la población realmente pobre, por lo que la contraloría municipal abrió el expediente CM/PI/036/'04/2017 para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos. 

La ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 17.9 millones de pesos más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal.

Además los auditores federales encontraron que en caso de la pavimentación en San José Viejo y los módulos de cría de chivos, se gastó 1.9 millones de pesos más que lo que había aprobado el cabildo, por lo que solicitó regresar dicho dinero al fondo. 

De dichas acciones, se encontró que únicamente dos compras, las de los cercos perimetrales y los tanques, fueron realizadas luego de una licitación pública, mientras que el resto fue realizado por invitación a tres personas o mediante adjudicación directa sin que esto último estuviera plénamente justificado. 

Los auditores estuvieron en el almacén del municipio el 14 de marzo pasado y encontraron que los bienes no habían sido entregados a los beneficiarios, además de que se encontraron bienes recibidos o entregados que no corresponden con los comprados y con los que se tienen en el almacén, por un monto de 3.2 millones de pesos. 

El ayuntamiento también tomó dinero de dicho fondo y transfirió a otras cuentas un total de 10.4 millones de pesos, de los cuales todavía falta que regrese 1.2 millones de pesos más los intereses generados. 

De esta forma suman alrededor de 27 millones de pesos los que el Ayuntamiento de Los Cabos debe devolver a la cuenta del fondo.