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Por denunciar al procurador, abren investigación en contra de abogado

26/07/2017 01:35 Por: Gilberto Santisteban Flores Por denunciar al procurador, abren investigación en contra de abogado

“Esto es una clara evidencia de que en BCS se criminaliza la protesta social”, asegura el abogado

La Paz, BCS.- El abogado, Arturo Rubio Ruiz, señaló que a través de una publicación en la revista Proceso, el gobierno del Estado anunció que se ha iniciado una investigación en su contra.


Esta investigación en contra del representante del Consejo de Atención a Víctimas del Delito, se inició por las supuestas descalificaciones que hizo en prensa y redes sociales, al procurador de justicia, Erasmo Palemón Alamilla Villeda. 


El abogado asegura que nunca “descalificó” al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sino que lo “denunció”. 


“Descalificar es un término blandengue. Lo hice responsable, y sostengo que es el principal responsable de la falsificación de documentos oficiales que llevó a John Moreno a prisión”, declaró.


El abogado expuso que esta declaración es una clara evidencia de que en BCS se criminaliza la protesta social.  


Rubio Ruiz mencionó que habiendo más de 20 mil denuncias pendientes de investigación en la Procuraduría, sin dejar de recordar los primeros lugares que tiene BCS por crímenes de alto impacto y del fuero común, el Estado utiliza su fuerza no para perseguir activistas.


“El Estado utiliza su fuerza persecutora, no para abatir el crimen sino para criminalizar a quienes protestamos por su deficiente desempeño”, dijo.


Tras la descalificación del peritaje de la defensa del caso Moreno, en el que el vocero del gobierno del Estado asegura que no hubo falsificación de pruebas, Rubio Ruiz comentó que se presentó el peritaje de firma y alteración de documentos.


 “Es en esa audiencia donde las partes pueden cuestionar al perito, y en su caso impugnarlo. Se llevó a cabo la audiencia el 23 de mayo, y la agente del MP adscrita al juzgado, ni cuestionó ni impugnó el peritaje”, comentó.


“Ésa era su oportunidad y no lo hizo, entre otras razones, es porque el peritaje es incuestionable, pero para los efectos procesales lo que importa es que precluyó su derecho a impugnar en el término constitucional el dictamen”, finalizó.

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