La Paz, Baja California Sur.- Con el pago de fianzas que rondan los 40 mil pesos, pusieron en libertad las 9 indígenas encarceladas tras un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) llevado a cabo en la zona turística de Cabo San Lucas (CSL) con un procedimiento por el delito de “trata de personas en su modalidad de explotación de menores”, esto tras haber sido reclasificado su delito al fuero común por “explotación de menores en su modalidad de mendicidad”.

Al rededor de las 10.30 de la noche de este miércoles, fueron liberadas las 9 indígenas que fueron  todo el tiempo acompañadas por el diputado Camilo Torres Mejia.

El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Camilo Torres Mejía, informó que las 9 indígenas detenidas en Los Cabos en diciembre salieron en libertad bajo fianza la tarde del miércoles, luego de que la Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI) pagara la fianza de cada una de las imputadas por el delito de “Explotación Infantil”, un total de 360 mil pesos.

“Se hizo el depósito de las fianzas por parte de la Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, nos lo confiaron en oficinas centrales el abogado defensor y nos dice que está haciendo toda la documentación para que salga el acuerdo y a las cuatro o cinco de la tarde ya estarán libres las compañeras detenidas de Los Cabos”, dijo en exclusiva para El Independiente.

Indicó que están esperando a todos los familiares de las afectadas y que en lo corto convocará a una rueda de prensa para que la opinión pública “conozca a quiénes metieron a la cárcel”, puesto que las autoridades las trataron como criminales, acusó.

El legislador petista consideró esta noticia como “Un triunfo de mucha gente”, como el abogado de oficio, oficinas centrales, la propia CDI, la Secretaría de Gobernación (Segob) y los medios de comunicación. En ese sentido, rechazó las opiniones tanto del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Silvestre de la Toba Camacho, como del delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Ernesto Álvarez Gámez, quienes en su momento declararon a la prensa, cada uno por su lado, que “desconocer la ley no exime de delito”.

“Ni uno ni otro conocen lo que es el protocolo de atención a las comunidades indígenas, porque en la preparación de la defensa de las mujeres me percaté de la claridad de la ley mexicana, la cual dicta que cuando un juez observa que una persona es indígena, éste tiene que ofrecer todas las condiciones para la correcta defensa, cosa que no se hizo. Una de las mujeres ni siquiera hablaba español”, resalta el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la XIV Legislatura del Estado.

“Otro aspecto en el que insisto con el caso es que el actuar de las inculpadas corresponde a los usos y costumbres de las sociedades indígenas, y no fueron respetados dichos usos y costumbres. 

Además, el estado tiene la obligación de atender a toda persona en estado de mendicidad, es más responsable el estado que las compañeras”, enfatizó Torres Mejía.

Por otra parte, el diputado petista explicó que independientemente de lograr “resarcir de alguna manera el daño”, la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local ha trabajado con las madres de familia hoy encarceladas desde su confinamiento en la celda 10 del Centro de Reinserción Social (Ceres) en La Paz, para lograr “arrancar” proyectos productivos y evitar que sus hijos, actualmente asegurados por las autoridades, las “acompañen” a trabajar.

“Si se deciden o no de alguna manera buscar resarcir el daño, independientemente hemos trabajado con ellas en estos tiempos en la cárcel, que han estado encerradas en cautiverio, tenemos proyectos con ellas para echar a andar saliendo ellas inmediatamente de producción de alimentos y les estamos haciendo gestiones para cuando inmediatamente salgan, les regresen el programa Prospera que le quitaron a todas, entre otras cosas”, dijo.

“Debo reconocer públicamente, siempre que tenga oportunidad a la Defensoría Pública, trabajan excelentemente bien la verdad, quise meter abogados privados pensando que los defensores públicos siempre son malones, pero mis defensores que yo llevé me dijeron, ‘oye está trabajando muy bien el cuate este’, y ahí está la prueba de que trabajó muy bien”, finalizó el diputado para El Independiente.