• No hay "evidencia documental" tras realizarse un pago de un millón de pesos para más de 2 mil uniformes; Además, hubo irregularidades en obras de mejoramiento del Cereso de SJC
• Con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la de BCS el oficio núm. DGARFT-A/0349/2017 del 19 de enero del 2017

La Paz, Baja California Sur.- Una auditoria federal a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) ejercidos durante el 2015 reveló la falta de evidencia en la aplicación de dinero público para el pago de uniformes de internos de los centros de reinserción social del Estado, así como irregularidades en obras realizadas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Los Cabos. 

Entre las observaciones de la auditoría financiera con enfoque de desempeño 591-GB-GF realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se indica que se verificó que el Gobierno del Estado pagó un importe de 1.1 millones de pesos para la compra de 2 mil 100 piezas de uniformes para internos de los Cereso, "los cuales no corresponden al destino del gasto del fondo".

"Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,013,376.00 pesos (un millón trece mil trecientos setenta y seis pesos 83/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del Fasp 2015", indica de forma textual la ASF en el informe. 

Dicho pago no ha sido acreditado ante dicho órgano de fiscalización "con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal", dice la ASF.

Aunque la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó sobre entrega de mil 580 uniformes a internos en marzo pasado, en el comunicado de prensa no se indicó si estos fueron parte de las 2 mil 100 piezas por las que se pagó el millón de pesos en 2015 o por fondos del presente ejercicio fiscal. 

Además, la misma auditoria reveló irregularidades en las obras de mejoramiento del Cereso de San José del Cabo (SJC), a las que se les destinaron 5.1 millones de pesos del FASP 2015 por adjudicación directa a un contratista que recibió un anticipo que no ha regresado.  

"Se observó una diferencia por conciliar entre lo reportado como ejercido al 30 de junio de 2016, con lo pagado por veintiocho mil de pesos. Además, se adjudicó de manera directa, sin acreditar los criterios para la excepción a la licitación pública, ni contó con evidencia de cierre de la bitácora, acta de finiquito de obra y acta de entrega recepción", indicó la ASF.

Sin embargo, la principal irregularidad fue la falta de amortización de casi medio millón de pesos que el proveedor recibió como anticipo, dinero que no ha sido regresado a la Tesorería de la Federación.

"Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 481,652.57 pesos (cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos 57/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del FASP 2015", agrega la auditoría.

Con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la Contraloría General del Estado de Baja California Sur el oficio núm. DGARFT-A/0349/2017 del 19 de enero del 2017 con el cual se anexó el expediente certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes