La Paz, Baja California Sur.- Una denuncia penal está en integración por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde finales del 2016, esto debido a que tras lluvias atípicas y el paso del huracán Odile en 2014, no se entregaron medicamentos, despensas, cobertores y otros insumos, y no se fumigó en áreas bajo riesgo de dengue.

La denuncia está en proceso tras ser finalizada la auditoria 149 del ejercicio fiscal 2014 y no ser subsanadas las observaciones hechas por la ASF, luego de que ese año fueron declarados en emergencia los cinco municipios del estado, tanto por lluvias atípicas durante el comienzo de la temporada de huracanes, como por el paso del propio huracán “Odile”.

En el dictamen se indica que al verificar las entradas y salidas de almacén de la Secretaría General de Gobierno de los insumos para la población afectada, "se constató que del millón trescientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho materiales de curación, medicamentos e insumos para el control de vectores comprados, no se identificó la salida de treinta y dos mil cuarenta y tres materiales del almacén para el control de vectores, por un monto de veinticinco punto nueve millones de pesos, ni se proporcionó evidencia de su distribución. Dichos bienes tampoco fueron localizados en el almacén de la Secretaría General de Gobierno”.

Debido a esto, se presume un daño a la hacienda pública por 25.9 millones de pesos, debido a la falta de documentación la distribución de dichos materiales para el control de vectores con motivo de las declaratorias de emergencia  de fechas 1 de julio, 12 y 23 de agosto, y 4 y 14 de septiembre, respectivamente.

Además, la ASF realizó 131 encuestas en Comondú, Los Cabos y La Paz, de las cuales en 69 de ellas la población afectada informó que recibieron algunos tipos de apoyo, tales como despensas, láminas galvanizadas, colchonetas, kits de limpieza y de aseo personal y agua, pero que en tres de los casos, los insumos fueron entregados por un partido político cuyas siglas no mencionaron.

Además, en otros casos no hubo una repartición equitativa de los insumos y la que se hizo fue insuficiente, además de que en otros casos, fueron entregados hasta 45 días después de las lluvias atípicas, cuando se trataba de insumos para afrontar la emergencia. 

Inclusive, se detalla en el dictamen, algunas despensas ya estaban caducadas y en 18 casos la población afectada no identificó a la instancia federal, estatal y municipal que le otorgó el apoyo proveniente de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Esto último solo derivó en que se emitiera el oficio SGG/580/2015 del 15 de octubre de 2015 en donde "el secretario general del Gobierno del Estado de Baja California Sur instruyó al subsecretario de Protección Civil para que genere mecanismos de control que aseguren que la entrega de los insumos en apoyo de la ciudadanía se realice por instancias públicas pertenecientes a los tres órdenes de gobierno, de modo que se elimine cualquier sesgo partidista".