• Rosario Robles, titular de la Sedatu, aseguró ambos temas son una de las principales preocupaciones del gobernador y los presidentes municipales; instruyó elaborar un estudio sobre la reserva territorial en la entidad

San José del Cabo, Baja California Sur.- Durante su gira por el municipio de Los Cabos, Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), compartió a los medios de comunicación, que por reglas de operación no pueden intervenir en los asentamientos irregulares, pero admitió conocen que es una problemática preocupante y que trabajarán en ella. “Se asentaron donde no debían y además la autoridad de aquel momento lo permitió y no debió hacerse por la seguridad de la población; estaremos trabajando para ver como poco a poco podemos ir reubicando algunas familias; ya existen las sanciones que implica nuestra propia Constitución y las responsabilidades que tienen los presidentes municipales en materia de uso de suelo”, puntualizó. Cuestionada sobre si existe suficiente reserva para continuar desarrollando los programas de vivienda, Robles Berlanga dijo es también una preocupación del gobernador, pues si la tierra es cara, la vivienda se encarece y deja fuera la posibilidad de construir vivienda de interés social, que demanda mucha población, a quien se requiere dar respuesta de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, es que conformó un equipo de trabajo donde participa la Sedatu y el gobierno del estado, comandados por el subsecretario Tiburcio y Escalera, para que puedan analizar la situación de la tenencia de la tierra, dónde se puede tener alguna posibilidad de reserva territorial, analizar cuál es la situación de los terrenos nacionales, cuáles son y dónde están, cuál es la circunstancia y si de ahí podemos obtener alguna reserva, “todo será motivo del estudio que les hemos mandatado que a la mayor brevedad posible nos lo estén entregando, sabemos que es una prioridad”. Con respecto a la zona rural, toda la parte de regularización de la tenencia de la tierra en cuanto los certificados parcelarios, títulos de dominio pleno y asambleas ejidales, están bajo la Sedatu, tanto la Procuraduría Agraria como el Registro Agrario Nacional y el Fifonafe, quienes trabajan en abatir todo el rezago que existe en cuanto a expedientes agrarios. “El presidente Peña nos puso de plazo el 30 de marzo para abatir 153 mil expedientes que estaban en los cajones, eliminamos este rezago, levantamos bandera blanca y ahora cualquier trámite que haga un ejidatario no podrá exceder más de 60 días, en ese sentido estamos trabajando para darle certeza jurídica a los propietarios, campesinos, comuneros, a la propio ejido, para que puedan hacer con su tierra lo que consideren conveniente”, reveló.

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