• Han sido claros atentados a la vida y la dignidad humana, manifestó Millán Bueno

La Paz, Baja California Sur.- Aun cuando advirtió que de manera conjunta los gobiernos federal y estatal buscan los esquemas apropiados para lograr la solución a la grave problemática que se genera en los campos agrícolas de Baja California Sur, el Delegado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Ricardo Millán Bueno, reconoció que en estos centros de trabajo y de manera especial en los campos agrícolas del Valle del Vizcaíno ha existido: “abandono del trabajador, desatención de las familias, drogadicción, alcoholismo, hacinamiento y sufrimiento”, de los jornaleros y sus familias, lo que es un claro “atentado a la vida y la dignidad humana”, puntualizó. Millán Bueno, quien sostuvo que “hay temas todavía pendientes en los que tenemos que seguir avanzando, donde faltaba el componente del transporte, y donde se detecta esta situación en la materia”, hizo hincapié en que es también responsabilidad de la SEGOB participar en temas como estos”. Durante su participación en la reunión de la Comisión Consultiva del Sector Laboral celebrada la mañana de ayer, y donde específicamente se trató el tema del transporte inadecuado de los trabajadores agrícolas a sus centros de trabajo en la entidad, el funcionario manifestó que “estos son temas coyunturales que implican seguir sumando voluntades para darle la solución adecuada”, pronunciándose por promover con la Sedesol una sesión que se relaciones con el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. No sin antes reconocer la voluntad política demostrada por el gobierno del estado para prever la solución a esta problemática, Millán Bueno precisó que en lo que corresponde al gobierno federal, “desde el 2014 hemos venido trabajando en los campos agrícolas como tema prioritario, pues ello obedece a lo que ha establecido el Presidente Enrique Peña Nieto de colocar a la persona en el centro de las decisiones toda vez que la dignidad humana es considerada como el fin último de cada orden de gobierno”. Recordó que durante el operativo realizado en el año mencionado “encontramos una serie de irregularidades, de incumplimiento de las normas, y constatamos que eran reales”, aclarando que tras ello se habló con los empresarios, dueños de los ranchos ante quienes se expusieron opciones, “donde les hablamos de las probables consecuencias jurídico penales, de la ley que los rige, y se fijaron sanciones”, subrayó. En el caso que ayer los ocupó, dijo que ciertamente “podemos aplicar la parte cohesiva de la ley invariablemente, pero como también representan ingresos de muchas familias también podemos ofrecerles opciones para que transformen sus esquemas de trabajo y creo que es el momento oportuno para dialogar con ellos y los transportistas, ya que no se trata de una cuestión de voluntad política sino de salvaguardar vidas y la dignidad humana”, concluyó.

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